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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, se reunió ayer con representantes autonómicos para
celebrar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. Entre las medidas acordadas está que España se adapte
a la normativa europea en el cobro a los extranjeros que
hacen uso de la sanidad española.
El consejero de Sanidad, Abdelhakim Abdeselam, viajó ayer a
Madrid donde, junto a los demás representantes autonómicos
del área, se reunió con la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato, para participar en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). La
ministra ha planteado las medidas de reforma que garantizan
que la sanidad en España siga siendo pública, universal y
gratuita, según ha informado la institución a través de una
nota de prensa. El Plan de Reforma del SNS permitirá
“generar un ahorro que supere los 7.000 millones de euros;
es decir, en torno a un 10% del gasto sanitario público”,
explica la nota. “Pero, sobre todo, asegurará un SNS sólido
y lo protegerá de las circunstancias económicas presentes y
futuras”, añade.
Una de las medidas que más afectarán a Ceuta es la relativa
al turismo sanitario. España se adaptará a la normativa
europea relativa a la atención sanitaria a ciudadanos
extranjeros. “El motivo es que se ha constatado que el SNS
está asumiendo, con cargo a sus presupuestos la asistencia
sanitaria de personas que la tienen ya cubierta desde su
país. En concreto, casi 700.000 extranjeros han accedido sin
derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un
gasto de 917 millones de euros”, explica el Ministerio. Para
evitarlo, se llevará a cabo una clarificación armonizada de
la condición de asegurado. De este modo, España podrá
facturar de manera rápida y directa al país de origen, del
mismo modo que sucede con los españoles que viajan al
extranjero. “Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros
con solvencia económica que puedan, mediante lagunas
administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse
para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios
de España”, señaló Mato.
Por otro lado, otra de las medidas más importantes acordadas
en la reunión es la relativa a las farmacias. La aportación
del usuario a los fármacos se hará en función de la renta.
Así, los parados de larga duración no tendrán que pagar por
los medicamentos. Por su parte, los pensionistas con menos
recursos estarán exentos, y los que tengan pensiones bajas
aportarán un máximo de 8 euros al mes.
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