La calle es de todos
 

Jesús Carretero
jesuscarretero@elpueblodeceuta.com
 

Es lo que parecen decir algunas personas, cuando, sin consultar a nadie, se hacen con un trozo de terreno para montar su propia mansión.

Y en Ceuta parece que esto asciende a unos límites que en otras partes serían inimaginables, cuando la ocupación ilegal de terrenos de titularidad pública no se detiene, a pesar de los constantes anuncios, por parte de la Ciudad.

Acaba de darse un nuevo caso, el último o el penúltimo, por el que se ha abierto expediente, en unos terrenos que son propiedad del Estado, para ser más concretos, del Ministerio de Educación.

Aquí da lo mismo. Había y hay una parcela destinada a convertirse en un colegio y mira por donde unas personas “que pasaban por allí” la han convertido en una casa de tres plantas. No se han detenido en poco, lo han hecho y bien. ¿Quién se ocupa de que haya orden en Ceuta, también en este terreno?.

La parcela, en Loma Colmenar, ha sido ocupada, sin más, y ha sido edificada.

Está claro que la ocupación ilegal de terrenos en la Ciudad sigue de una forma continua, en algunas de las zonas del territorio ceutí y se extiende ¿¡ Cómo no!? por los aledaños del Príncipe, una zona de dominio de todo el que quiere estar al borde o fuera de la ley.

Lo curioso de todo esto es que los responsables de vigilar todo esto no se hayan enterado hasta que los hechos estaban consumados.

¡¡A buenas horas, mangas verdes!!. El área de Disciplina Urbanística de la Ciudad ha detectado y denunciado el caso de una vivienda de tres plantas, levantada en terreno público.

No sé si esto da risa o si produce sonrojo, porque no haberse enterado de que se estaba construyendo, hasta que ha estado construida, debiera llevar “de patitas a la calle” a más de uno que, muy dignos ellos, se pasean, a diario, por la Ciudad.

Y como hay zonas en la Ciudad que son el terreno fuera de la Ley, nos encontramos con dos partes:

Una primera: la vivienda de tres plantas construida en el terreno de Educación no sería o no debería ser legalizable ¡¡Mejor fuera!!, con lo que, además de una multa llevaría o debiera llevar aparejado el derribo a cargo del promotor.

Segunda: para que nada falte, junto a la vivienda se ha acotado con palets una superficie de unos 600 metros cuadrados, dentro de una parcela que pertenece a la empresa estatal Sepes, del Ministerio de Fomento.

Queda claro, aquí no se han ido por las ramas, han colocado, muy bien, los pies en el suelo y han tirado de lo que es de todos, de ellos también, y ellos se han quedado con la parte que más les interesaba y para lo que querían. Todo lo demás no tiene interés para ellos.

Y la construcción casi internacional, o mejor dicho, a medias española – marroquí, si es correcta la interpretación de los técnicos de la unidad de Disciplina Urbanística, que han podido identificar tanto a la promotora de la vivienda, una mujer española, como al constructor, un marroquí.

Y todo resulta demasiado barato, porque al tratarse de una edificación no legalizable, la sanción a la que podría dar lugar debería ascender a 38.000€. Ya veremos si llega el derribo ese, por parte del promotor y lo que no creo que veamos es que se haya hecho efectivo el pago de los 38.000€.

El hecho no deja de ser curioso, aunque estamos seguros de que no es único, construir en un terreno público lo que implica una usurpación de un terreno “público de uso dotacional”. La vivienda ahí está, el derribo, tiempo al tiempo.