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Si los vecinos de Hadú no quieren
la vecindad de los MENA sus razones y motivos tendrán. Y si
la Fiscalía dicta un auto ordenando el cierre de unas
instalaciones y ahí se acaba el auto y no ofrece
alternativas ni enumera posibilidades la resolución fiscal
se queda paticorta. Más conveniente resultaría según se
desprende del clamor popular, que esa misma Fiscalía se
pusiera a trabajar investigando de forma minuciosa todos y
cada uno de los expedientes de los muchachos acogidos y
mantenidos con el dinero del sudor de los contribuyentes
españoles, una investigación conjunta con los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado que es decir con la
Delegación de Gobierno y determinar en cada caso concreto si
existe desamparo o existe conveniencia y actuar ejerciendo
de “garante de la legalidad” que es lo que la ley exige al
Ministerio Fiscal.
Y cuando se es “garante de la legalidad” y esta legalidad
pasa por la obligación de exigir ante el Gobierno de la
Nación los Tratados Bilaterales firmados con Marruecos de
devolución automática de los menores transfronterizos, el
ataque a la legalidad está precisamente en la postura de
pasividad para hacer cumplir los acuerdos internacionales
firmados, pasividad que tiene un alto coste económico para
la empobrecida España y pasividad que está causando
inquietud en los vecinos de Hadú.
De hecho si los muchachos acogidos vinieran huyendo de la
hambruna de Somalia las razones humanitarias están más que
fundamentadas. Pero los jóvenes vienen de sus casas a unos
kilómetros de Ceuta y son súbditos de pleno derecho del
Reino de Marruecos, un país democrático con una economía
emergente, una potente clase media, más recursos naturales
que España y con una relación privilegiada con la Unión
Europea. Marruecos no necesita la caridad de España porque
ellos tienen más dinero que nosotros. ¿Y de eso no se entera
la Fiscalía?
En este caso la legalidad y sus garantías pasan por
garantizar el derecho de los MENA a ser devueltos al país
del que son nacionales y puestos bajo la tutela de sus
autoridades. Eso es lo legal a nivel de las leyes
internacionales, así que antes de dictar autos, mejor
empaparse de los convenios y requerir para que se cumplan ¿O
es que hay derecho a ofuscar y faltar al respeto a
centenares de vecinos de Hadú en nombre de una “corrección
política” y de un falso paternalismo totalmente improcedente
cuando tiene como depositarios a unos jóvenes nacionales de
Marruecos?.
El pueblo está harto de que le tomen el pelo, los
ciudadanos, todos los ciudadanos andan bregando con la
preocupación de la cifra del déficit que nos ordena Europa,
la conflictividad artificiosa montada por los
sindicatos-subvencionados y sus estómagos agradecidos, por
el anhelo de que los bancos vuelvan a conceder créditos a un
interés que no sea de pura usura, que las pymes y los
pequeños comerciantes levanten cabeza y generen empleo, que
retornen nuestros jóvenes emigrantes, ingenieros, médicos,
científicos, economistas... Tenemos demasiados problemas
para que nos vengan a crear más y a agotar la paciencia del
pueblo soberano con decisiones que chocan con la voluntad
popular.
¿Que no le gusta a la Fiscalía el actual centro de los MENA?
Será que no ha visitado a los niños de los poblados de
chabolas viviendo bajo los techos de uralita, aunque esos no
son MENA sino españoles. ¿Garantizar la legalidad? El
Delegado y el Fiscal al Ministerio a reclamar y a exigir
tanto el cumpliento de los Tratados cómo la consideración de
los muchachos que llegan mayores de dieciseis años cómo
menores emancipados que es lo que legalmente son. Puestos a
ser legalistas vamos a cumplir con las leyes y los Acuerdos.
El asunto de los MENA no se arregla aquí sino en Madrid y en
los Ministerios, pero los vecinos de Hadú no tienen por qué
cargar contra su voluntad con un problema que no se ha
resuelto por falta de actuaciones diligentes. Y que
garanticen la legalidad.
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OPINIÓN / ANALISIS
