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Siempre se ha dicho que “la
ignorancia es muy atrevida” máxime cuando se trata de temas
que no se dominan porque requieren unos conocimientos
previos que tan solo se adquieren en las aulas. Y hablo de
las leyes “que son las leyes” y están hechas para ser
aplicadas, pero la acción es el primer elemento del delito y
determinar ante qué tipo de acción delictiva nos encontramos
sí es prerrogativa de los jueces y de los fiscales a la hora
de formular el escrito de acusación. Así hablar de que,
hasta ahora, las quemas de vehículos habían sido tipificadas
cómo “daños por incendio” que no cómo ‘delito de incendio’
que aparece previsto y penado en el artículo 351 del Código
Penal y que lleva aparejadas penas de 10 a 20 años de
prisión mientras que los daños del artículo 263 tienen una
pena muy leve y los daños por incendio del 266 no exceden de
1 a 3 años de prisión. A día de hoy calificado como
“incendio” no ha habido ninguno y efectivamente, al cambiar
la política y el Gobierno cambia el Fiscal General del
Estado y es este Fiscal General el que marca las directrices
de funcionamiento del resto de sus colegas.
Las leyes “no cambian”, relativamente, porque están sujetas
a reformas, lo que cambia es el criterio a la hora de
calificar los hechos. Así si a día de ayer un incendio en un
bloque habitado con gravísimo riego para las personas era
calficado como “daños” al cambiar el Fiscal General del
Estado puede variar el criterio y determinar que ese
peligro, ese riesgo evidente “sí” merecen ser calificados de
delito de incendio que, en nuestras Leyes Penales, es uno de
los que llevan aparejadas penas de mayor gravedad.
Lo que chirría es que la Policía detenga, ponga a
disposición judicial y el tipo salga por la otra puerta. ¿Un
ejemplo? Respetando la intimidad de las personas, una
familia que recibe amenazas de muerte graves y creíbles del
artículo 169 de 1 a 5 años de prisión y por parte de
individuos peligrosos. La Policía riza el rizo y les
detiene. Este delito es competencia del Tribunal del Jurado
¡Ay, vaya por Dios, con lo difícil que es conseguir en Ceuta
a un Jurado! ¿Solución? No calentarse los cascos y mandar el
tema a faltas tipo “Te voy a partir la boca” dejar a los
elementos en libertad y a la familia aterrorizada. Las leyes
están para cumplirlas pero ¿Quienes son los responsables de
interpretar y aplicar? ¿El delegado de Gobierno? Pues no.
Son jueces y fiscales y si no lo hacen correctamente porque
todos los humanos estamos sujetos a un margen de error,
entonces políticos y policías pueden multiplicarse por tres,
porque la inseguridad continuará. La Justicia es más que
enjaretar juicios rápidos para condenar a tres años a todos
los individuos, algunos de ellos unos desgraciados víctimas
de la crisis, a los que pillan en la aduana con hachís ...
La Justicia y su esencia es saber interpretar con
imparcialidad, inteligencia y coherencia, atendiendo a la
realidad que se vive y al grado de alarma social que llevan
implícitos determinados delitos. Alarma más un incendio en
un bloque habitado que una Gescartera, porque en los
incendios se pierden los bienes materiales pero pueden
costar la vida, mientras que en las estafas se pierde el
dinero pero no peligra la integridad física.
¿Atentado contra las personas? Queda claro el significado de
las palabras del Delegado que quiso poner de manifiesto la
existencia de un riesgo real para la vida. El Delegado no es
jurista y no tiene por qué conocer al dedillo cada delito
del código ni saber las características del incendio cuando
pone vidas en peligro y causa daños importantes, lo que sí
conocerá sin duda es la escasa importancia que se le ha
venido dando a unas acciones criminales que merecen una
respuesta penal rotunda.
Las penas deben tener un aspecto disuasorio fundamental, si
muchos violentos no andan a palos por las calles es porque
saben que irán a prisión, “conocen” las consecuencias de sus
actos. Si no hay más borrachos al volante es por las nuevas
leyes de tráfico que castigan con dureza la conducción bajo
los influjos del alcohol. Si en los años 80 una pobre mujer
recibía una paliza del esposo, la echaban de comisaría,
luego se tuvo que legislar contra la violencia de género y
los jueces aplicar una ley desconocida hace dos décadas. Las
leyes se reforman y los criterios cambian, así como los
Delegados de Gobierno.
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OPINIÓN / ANALISIS
