ACTUALIDAD - MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2012

CEUTA
T. Crespo
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El Plan de Estabilidad y consolidación fiscal 2012-2021, presentado ayer en la Comisión especial de cuentas por el consejero portavoz, Guillermo Martínez, prevé un ahorro en gastos corrientes por importe de 13,7 millones respecto al presupuesto inicialmente aprobado para 2012. Por otra parte, en la propuesta del Plan de Ajuste para el plan de proveedores, al que ha tenido también acceso EL PUEBLO y que se presentará el viernes a aprobación de la Asamblea, se recoge una deuda viva en 2011 de 224 millones euros. El objetivo del Gobierno es dejar “a cero” en el año 2022 la deuda a largo plazo, eso sí, manteniendo los servicios y sin subir impuestos.

El Plan de Estabilidad y consolidación fiscal 2012-2021, presentado ayer en la Comisión especial de cuentas por el consejero portavoz, Guillermo Martínez, prevé un ahorro en gastos corrientes por importe de 13,7 millones respecto al presupuesto inicialmente aprobado para 2012. Este ahorro resulta de los recortes en el capítulo de personal, en los capítulos segundo y cuarto, “de compras corrientes y servicios y transferencias de esta naturaleza sin perturbación del funcionamiento de los servicios básicos y las prestaciones sociales”, así como de la reestructuración del sector público empresarial.

Por otra parte, en la propuesta del Plan de Ajuste para el plan de pago a proveedores, al que ha tenido también acceso EL PUEBLO y que se presentará el viernes a aprobación de la Asamblea, se recoge una deuda viva en 2011 de 224 millones euros (el pasado día 14, la Ciudad reconocía 209), mientras que para el ejercicio actual, una vez aprobada la operación de endeudamiento de 80 millones para el pago a proveedores, ascendería a 283 millones. El objetivo a alcanzar según este plan, de obligado cumplimiento si se quiere acceder a este crédito especial a través del ICO, es mantener en 45 millones la deuda suscrita a corto plazo (de anticipo de la compensación del IPSI) y eliminar por completo la deuda a largo plazo en 2022.

El gobierno local ha decidido incluir en el orden del día de la sesión plenaria su plan de estabilidad pues “sin ser obligatorio” se trata de un documento “complementario” del que recoge el Plan de Ajuste “pero que detalla con más precisión cuáles son las medidas que pretende adoptar para conseguir el objetivo de la estabilidad presupuestaria”, afirmó ayer Martínez.

Este objetivo de establidad y superávit ha de lograrse, según explicó el portavoz, “garantizando la cobertura de los servicios públicos esenciales”, con un “incremento cero de la presión fiscal” y manteniendo los servicios sociales, unas premisas que calificó de “bastante contundentes”.

Por un lado se establece el límite del gasto corriente, “una cuestión altamente demandada por los ciudadanos y que además viene establecida en la ley de estabilidad presupuestaria del estado”. Además “se mantiene y se garantiza la cobertura de los servicios públicos esenciales que le corresponden a la Ciudad tanto como entidad local como en el ámbito de las competencias transferidas por su condición autonómica”.

También se establece “un incremento cero de la presión fiscal”, un dato ”relevante” y en el que Martínez sólo hizo la salvedad de “los acuerdos ya adoptados en relación con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la tasa de alcantarillado, en 2004 y 2007”.

Como “compromiso ineludible” del Gobierno figura asimismo “el mantenimiento de los servicios sociales que en la actualidad presta la Ciudad y, por su puesto -apuntó el consejero- del empleo etructural, tanto de los funcionarios o del personal laboral como de empleados de sociedades públicas y organismos autónomos”.

Sin créditos a largo plazo

Otro concepto “relevante” según Martínez es el compromiso que asume el gobierno de no volver a recabar créditos a largo plazo (a excepción del ICO para pagar a los proveedores) en ese periodo de 10 años y de acabar con la deuda de toda índole, tanto la financiera como la comercial a proveedores”. Según el planteamiento dibujado en ese escenario presupuestario la Ciudad “dejará de tener deudas tanto con entidades financieras como con proveedores”.

En ese “escenario” se prevé “que siempre exista superávit en los diez años, que los ingresos sean superiores a los gastos, de modo que no volvamos a incurrir en deuda pública”.

Venta de patrimonio

Finalmente, se prevén inversiones “siempre y cuando se lleven a cabo ingresos que las condicionarán y que están vinculados a la enajenación de activos y patrimonio de la Ciudad o a potenciales transferencias de Fondos Europeos una vez que llegue el próximo periodo de programación”.
 

El Gobierno reconoce “con total humildad” los “errores” cometidos por el retraso en el pago a los proveedores, con 2.047 facturas pendientes

En la información proporcionada ayer a los Grupos Políticos en la Asamblea para su estudio previo al pleno extraordinario del viernes, se incluyó el informe del interventor en relación con las facturas pendientes de pago a proveedores. La Ciudad ha tenido que recabar esta información para poder acogerse al plan de pago a proveedores a través del ICO. Aunque la lista “no tiene carácter definitivo”, tal como se advierte en el informe, porque está a disposición de los contratistas, que tienen posibilidad de reclamación, esta deuda se ha estimado en 79.437.187 euros, correspondientes a 125 proveedores y a un total de 2.047 facturas.

La intención del Gobierno local, tal como la expresó ayer el portavoz, Guillermo Martínez, es “que se aceleren las tramitaciones para que no se vuelvan a cometer los errores que con total humildad reconoce la Ciudad haber cometido en la deuda con los proveedores”. Así, es su intención que “en un plazo de entre 30 y 60 días”, los contratistas “puedan cobrar, como debe ser por otro lado, por los servicios que presten a la administración de la ciudad”, explicó.

Según el informe que resume la deuda a proveedores de la Ciudad, un 69,06% de la misma corresponde a gasto de capital, mientras que el gasto corriente se lleva el restante 30,94%. Por otra parte, destaca el dato de que un 42,18% de las facturas corresponde a gastos no consignados, algo criticado en el Pleno ordinario de este lunes por la oposición y justificado por la Ciudad en que “a veces las previsiones no se corresponden con la realidad”.