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Los españoles otorgamos
mayoritariamente nuestra confianza a la candidatura del
Partido Popular encabezada por Mariano Rajoy un domingo día
20 de noviembre de 2011. Tuvimos que esperar pacientemente
durante varias semanas hasta vislumbrar el final de una
etapa marcada por el derroche de los fondos públicos y el
incremento insostenible en las cifras del desempleo. El
miércoles 21 de diciembre, 31 días después de la celebración
de las Elecciones Generales, Mariano Rajoy Brey se convertía
en el nuevo Presidente del Gobierno tras la publicación en
el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 1822/2011. Un
día después, el líder del Ejecutivo comunicaba los nombres
de quienes le acompañarían en la nueva andadura, los
miembros del nuevo Consejo de Ministros.
El viernes día 23 de diciembre de 2011 se celebró la primera
reunión de un Consejo de Ministros que en menos de 100 días
ha aprobado más medidas para luchar contra los efectos de la
situación heredada que todas las adoptadas por el Gobierno
socialista saliente en sus siete años de mandato. Desde la
aprobación en la segunda reunión del nuevo equipo
ministerial del primer paquete de medidas para reducir el
déficit público en 8.900 millones de euros hasta la
aprobación en el último Consejo de Ministros celebrado el
pasado viernes de la Ley de Transparencia, sin olvidar en
ningún momento las políticas sociales como las ayudas de
400€ a los desempleados, la inclusión de nuevos supuestos en
la Ley de Dependencia o el incremento general en las
pensiones.
No obstante, en esta ocasión me centraré exclusivamente en
algunos de los apartados de la nueva Ley de Transparencia
aprobada el pasado viernes que nos equipará con los países
europeos de primer nivel al alejar definitivamente la
opacidad de la gestión política. De esta manera, el Gobierno
del Partido Popular pone a disposición de la ciudadanía
todos los contratos de las diferentes administraciones
públicas: publicando los procedimientos, el importe y el
adjudicatario, también de todas las subvenciones o ayudas
públicas que cada departamento concede y convenios que
suscribe. A partir de estos momentos, todas las
administraciones deberán dar a conocer todos sus contratos,
cómo gastan el dinero, con qué organigrama trabajan, y
cuáles son las retribuciones de sus equipos directivos.
Al mismo tiempo, la nueva Ley pondrá el punto y final a los
excesos retributivos de aquellos alcaldes que hasta el
momento cobraban más que el propio Presidente del Gobierno.
Por primera vez en este país, se fijarán baremos públicos
lógicos y coherentes sobre los que se deberán regir los
nombramientos de cargos municipales que serán aprobados cada
año por las Cortes Generales en la ley de los Presupuestos
Generales del Estado. Una vez sea aprobada la reforma de la
Ley de Bases de Régimen Local serán prioritarios en la
confección de dichas retribuciones aspectos tan importantes
como el tipo de entidad local, el número de habitantes o las
dimensiones de la localidad en cuestión.
A pesar de todo ello, las centrales sindicales mayoritarias
que permanecieron en el más absoluto silencio mientras el
anterior Gobierno dilapidaba los fondos públicos llevándonos
a las mayores cifras de déficit y de desempleo, convocan una
Huelga General cuando a penas se cumplen los primeros 100
días de la toma de posesión de un Ejecutivo que ha
demostrado con hechos concretos su especial sensibilidad con
las problemáticas que afectan a la ciudadanía y más
concretamente, hacia quienes sufren en mayor medida las
consecuencias de las decisiones de quienes disfrutaban del
beneplácito expreso de UGT y CCOO. Jamás una Huelga General
fue tan injusta con la labor desarrollada por un Ejecutivo a
lo largo de nuestra historia democrática.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
