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El Gobierno y las centrales sindicales con representación en
la Asamblea continuaron ayer con las negociaciones de los
aspectos laborales incluidos en el Plan de Sostenibilidad
después de que el pasado martes la Ciudad entregara a los
representantes de los trabajadores una propuesta para
reducir el impacto que tendrá en las retribuciones de una
parte de la plantilla la reorganización de los servicios.
Tras el encuentro celebrado ayer la Administración asegura
haber recibido la negativa por parte de los sindicatos.
Los representantes sindicales de los empleados públicos de
la Administración local volvieron a reunirse ayer con los
representantes de la Ciudad con el fin de acercar posturas
respecto al Plan de Sostenibilidad.
Tras la reunión de ayer de la Mesa General de Negociación,
que estuvo presidida por el director general de Recursos
Humanos, Juan Manuel de la Torre, la Ciudad remitió un
comunicado a los medios de comunicación y a los propios
empleados públicos de la Administración local en la que
afirmaba que “los sindicatos han rechazado una propuesta que
favorece a todos y cada uno de los trabajadores afectados, a
través de la creación del Complemento Personal Transitorio,
un plus equivalente al 50 por ciento de la retribución que
percibe actualmente el trabajador que realiza las jornadas
partidas y especiales y que dejará de hacerlas como
consecuencia de esa reorganización”, recordando que a cambio
de este plus, el trabajador debería realizar 80 horas de
trabajo al año fuera de la jornada habitual.
En el comunicado emitido desde el Gobierno de la ciudad se
recuerda que “sigue abierto a la negociación”, resaltando
que espera poder alcanzar un acuerdo antes de que se celebre
el próximo día 26, el Pleno ordinario de este mes, en el que
el Gobierno pretende aprobar el plan de Sostenibilidad. La
oferta realizada a los sindicatos supone para la Ciudad
Autónoma, tal y como se afirma desde el Ejecutivo local, “la
realización de un esfuerzo hasta el límite de sus
posibilidades, rebajando a la mitad el impacto que la
reorganización de los servicios tendría en las nóminas de
aproximadamente el 20 por ciento de la plantilla”.
La Administración ha destacado que esta medida es el único
esfuerzo que se le ha pedido a los empleados públicos, en un
momento de extrema dificultad económica, en el que la Ciudad
está sufriendo un descenso en sus ingresos y, por tanto, en
los Presupuestos, que este año han caído en 15 millones de
euros en relación a 2011 y en 30 millones de euros en
comparación con hace tres años. “Estamos manteniendo todos
los puestos de trabajo, garantizando el empleo público, y es
un mínimo esfuerzo el que se pide; no se puede hacer más en
estos tiempos”, ha resumido el consejero de Hacienda y
Recursos Humanos, Francisco Márquez.
Rechazo
Los sindicatos, para rechazar la propuesta, han alegado, tal
y como resalta la Ciudad en su comunicado de prensa que
“este acuerdo para la creación de este complemento debe
aprobarse junto a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT),
el nuevo convenio colectivo de la Ciudad y a la
materialización del proceso de consolidaciones que está
pendiente de ejecutar”.
A este respecto el Ejecutivo de Vivas ha asegurado que “en
relación a los dos primeros asuntos, el Gobierno ya ha
presentado sus propuestas, que en el caso del convenio data
del pasado mes de febrero y que aún no ha sido respondida
por las centrales sindicales, y que en lo referente a las
consolidaciones, el Gobierno ha manifestado su voluntad de
llevar adelante este proceso”.
El Gobierno cree que el acuerdo ofertado para la
reorganización de los servicios debe ser el paso previo a la
elaboración de la RPT, ya que “se trata de una cuestión que
le afecta de manera directa”, mientras que en cuanto a las
otras dos cuestiones, “además de carecer de relación con el
Plan de Sostenibilidad, la Ciudad ha demostrado su intención
de sacar adelante estos temas”.
Pese a todo, el Gobierno ha reiterado en su comunicado su
voluntad de cerrar un acuerdo con las centrales sindicales y
espera poder hacerlo antes de que el Plan de Sostenibilidad
se someta a la aprobación del Pleno de la Asamblea, y en el
que afirma que “se incluirá la reorganización de los
servicios y sus jornadas en su redacción inicial si no es
posible el acuerdo”. Para alcanzar este pacto, el Ejecutivo
asegura que “ha hecho la mejor oferta que podría hacer”, y
espera que los sindicatos “reconsideren la propuesta en
beneficio de los trabajadores afectados”.
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