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La deuda a proveedores para solicitar el créidto ICO que la
Ciudad va a certificar hoy por la mañana ante el Ministerio
de Hacienda estará entre 75 y 80 millones de euros. Así lo
informó el portavoz del Gobierno local, Guillermo Martínez.
Esta deuda agrupa al Ayuntamiento, los organismos y
sociedades dependientes del mismo, como es el caso de
Procesa, Emvicesa, Acemsa, Servicios Turísticos, Obimasa,
Obimace y la GIUCE. En cuanto a la deuda viva de la Ciudad,
Martínez recordó que a las entidades bancarias se deben 129
millones de euros, que suman 209 con los 80 que se van a
solicitar de crédito.
La deuda a proveedores para solicitar el crédito ICO que la
Ciudad va a certificar hoy por la mañana ante el Ministerio
de Hacienda estará entre 75 y 80 millones de euros. Así lo
informó ayer el portavoz del Gobierno local, Guillermo
Martínez. La cifra, que estaba “cerrada” al mediodía de
ayer, era de 75 millones, aunque “es posible que ascienda
hasta 80 millones”, remarcó.
Esta deuda agrupa al Ayuntamiento, los organismos y
sociedades dependientes del mismo: Procesa, Emvicesa,
Acemsa, Servicios Turísticos, Obimasa, Obimace y la GIUCE.
“Esta cantidad es inferior a un tercio del presupuesto
consolidado de la Ciudad para una sola anualidad”, explicó
Martínez. Aproximadamente un 50% corresponde a la deuda
corriente y el otro 50 está relacionado con las inversiones
que se han acometido.
Entre “otros conceptos”, la deuda incluye cantidades
relativas a los aparcamientos llevados a cabo a través del
Plan Aparca; la remodelación de la Estación del Ferrocarril;
clausura y sellado del vertedero de Santa Catalina; diversas
actuaciones acometidas en las barriadas; remodelaciones
diversas en la red de saneamiento; facturas pendientes en
alumbrado público, transporte de residuos o contrato de
recogida de basuras, “entre otros”. “Todo lo que se
certifica está avalado por informes técnicos de funcionarios
de la Ciudad”, resaltó y añadió que son “servicios concretos
debidamente realizados con importes y precios de mercado”.
Así, hasta un 80% de las obligaciones se basan en contratos
“debidamente formalizados y que no se han podido abordar por
falta de tesorería”. En cuanto al otro 20%, Martínez informó
de que suponen “pagos efectuados sin la requerida
consignación presupuestaria”.
Deuda viva
En relación a la deuda financiera que existe a largo plazo
con las entidades bancarias, se fija en 129 millones de
euros, recordó Martínez. Es decir, en total, la deuda viva
de la Ciudad ascendería a 209 millones.
El Gobierno de la nación ha puesto en marcha un mecanismo a
través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por el cual
se va a aportar financiación a las entidades locales de
España para hacer frente a la deuda que tuvieran contraída
con proveedores antes del 31 de diciembre de 2011. Esto
tiene como objetivo “romper un círculo vicioso en que las
administraciones en general pagan mal, pagan tarde o no
pagan; los proveedores no cobran sus facturas y el banco no
participa en la financiación que las empresas están
precisando”.
“Efecto dinamizador”
En consecuencia, el Ejecutivo considera que esta actuación
del Estado es “absolutamente acertada para cubrir todas las
deudas que se mantengan con proveedores”. Martínez cree que
la adhesión a este mecanismo es una “obligación” ya que
“todas las entidades locales deben aflorar la deuda pública
pendiente de pago” y por ello, la Ciudad “no va a ser una
excepción”.
En Ceuta existe una deuda con proveedores que en algunos
casos “podía poner en peligro la propia supervivencia de las
empresas y en otros -los más-, el empleo de estas
entidades”. Esta medida es una “oportunidad” para “poner el
contador a cero” y permitirá “agilizar el pago a proveedores
con el objetivo irrenunciable de que se lleve a cabo en un
plazo máximo de 60 días, que es el que establece la propia
ley”. Esta adhesión también supone una ocasión para
“inyectar dinero en la economía local”.
Este crédito servirá para establecer “un plan de estabilidad
y consolidación de las arcas municipales que viabilice el
pago de la deuda”, aseveró. Y es que “no todo el mundo va a
poder acogerse a este mecanismo de financiación, sólo
aquellos ayuntamientos que tengan la solvencia para poder
asumir el pago en diez años de las deudas adquiridas”.
En el ámbito de las inversiones, la mayoría de las deudas se
han generado por dos motivos. Por un lado, “por
liquidaciones de grandes inversiones que estaban fuera de
contrato y, desde el punto de vista legal, no se podían
admitir” y por otro lado, actuaciones que se debían
“acometer de manera urgente o emergente”, como la rotura de
una tubería.
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El portavoz achaca esta situación a una “importante caída,
tanto de los ingresos de las transferencias del Estado como
de los propios”
La causa de la deuda a proveedores
se fundamenta, según el portavoz del Ejecutivo local, en una
“importante caída tanto de los ingresos de las
transferencias del Estado como de los ingresos propios”.
Martínez explicó que los presupuestos de la Ciudad se
elaboran en base a “una estimación de ingresos procedentes
de la AGE y que se basan en estimaciones del Gobierno de la
nación en relación a las variables macroeconómicas”. Cuando
estas variables “no son ciertas”, es decir, que la
información que llegaba del Ejecutivo central “no era la
correcta”, esto suponía que estas estimaciones “se vieran
minoradas a lo largo del ejercicio”. “Si esas transferencias
del Estado a lo largo del ejercicio no se han ido
produciendo, lamentablemente la única solución era dejar de
pagar algunas de las obligaciones contraídas”, resaltó el
portavoz. “Este es el principal motivo de la deuda vigente,
es decir, contratos y compromisos presupuestados que no se
han podido abordar por falta de tesorería”, señaló. Entre
ellos, “algunas mensualidades” que se adeudan al servicio de
limpieza viaria, al de alumbrado público y de dependencias
municipales, del tratamiento de residuos en la Planta de
Transferencia o “deudas” a empresas como Telefónica. Otro
capítulo incluido en esta deuda es la “continuación” de la
prestación de determinados servicios a la “finalización de
un contrato”, como el de la transferencia de residuos.
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deuda a proveedores
