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La Reforma Laboral impuesta por el Gobierno, se encuadra en
la política promovida por las instituciones europeas con la
intención de satisfacer las demandas de los mercados
financieros. Lo que pretenden en realidad es aprovechar la
crisis para propiciar el debilitamiento de los servicios
públicos y la limitación de los derechos individuales y
colectivos de las trabajadoras y trabajadores.
En nuestro país, el anterior Gobierno se hizo participe de
estas políticas en el plan de ajuste de mayo de 2010,
(congelación de pensiones, reducción del salario de los
empleados y empleadas públicos, incumplimiento de la ley de
dependencia y retirada de 64.000 millones de inversión
pública). Los recortes, que se vienen aplicando desde
entonces están suponiendo, por un lado, una paulatina
degradación de servicios públicos esenciales como la
sanidad, la educación y la atención a las personas
dependientes. Una degradación que está sirviendo de coartada
para su privatización y que está generando mayores
injusticias y desigualdades entre los españoles. Por otra
parte, un empeoramiento de la situación económica: se ha
deprimido el consumo, el crédito sigue sin fluir pese a las
ayudas públicas a las entidades financieras, la actividad
económica cae y el desempleo aumenta, incidiendo de manera
más aguda entre los jóvenes.
El nuevo Gobierno, lejos de corregir las fracasadas
políticas anteriores, ha optado por insistir y profundizar
en ellas: ajuste presupuestario más drástico y nueva reforma
laboral más dura. Insistir en esta política es suicida.
Para enfrentar el problema del desempleo en España existen
otras alternativas. Propugnamos un gran pacto por el empleo
que contemple medidas en la política fiscal, en el sistema
financiero, en el control de los precios; y que combine
medidas de flexibilidad interna en las empresas con otras
destinadas a la reactivación económica, que apunten a un
cambio en nuestro modelo de crecimiento. La respuesta que se
ha dado por parte del Gobierno, es una Reforma Laboral
impuesta y extremadamente agresiva, que merece nuestro más
enérgico rechazo.
Estamos ante una reforma que vacía de contenido el derecho
laboral rompiendo el equilibrio entre empresarios y
trabajadores, al incrementar desmesuradamente el poder
discrecional de los primeros y restringir drásticamente los
derechos individuales y colectivos de los segundos. Abarata
considerablemente el despido. Desarticula la negociación
colectiva a favor de la individualización de las relaciones
laborales. Debilita todos los mecanismos de protección de
los trabajadores. Estas medidas se extienden, por primera
vez, al sector público.
A la vista de todo lo expuesto, la Junta de Personal Docente
de Ceuta quiere expresar públicamente su apoyo a la Huelga
General convocada para el próximo 29 de Marzo, y llama al
profesorado a secundarla.
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OPINIÓN
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MANIFIESTO
