El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, inició
durante el transcurso de la jornada de ayer en Melilla una
ronda de visitas a todas las autonomías españolas con el fin
de conocer las necesidades de cada una de ellas en relación
con su departamento y explicar las reformas que llevará a
cabo próximamente. En una rueda de prensa tras mantener una
reunión de trabajo con miembros del Gobierno de Melilla,
Gallardón ha avanzado que algunas de las reformas que tiene
previsto poner en marcha son de “enorme trascendencia”,
entre las que ha citado la financiación de la justicia
gratuita con el importe de las tasas judiciales.
Asimismo, ha subrayado su objetivo de conseguir una mayor
agilización de la Administración de Justicia mediante la
interconexión de los distintos sistemas de gestión judicial
que hoy están operativos en España.
El ministro ha subrayado que esta iniciativa pretende
conseguir que la Justicia esté garantizada no sólo en la
adecuación de la Ley a la resolución de los conflictos, sino
también por su eficacia, algo para lo que es necesario que
los procesos judiciales se desarrollen en un periodo de
tiempo “mucho más breve” que en la actualidad.
“Ese esfuerzo lo vamos a hacer”, ha asegurado Gallardón ante
el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, con el que se
ha comprometido a realizar todos los esfuerzos necesarios
para la modernización y agilización de la Administración de
Justicia en la ciudad autónoma.
Ello, pese a que Melilla tiene la segunda ratio más elevada
de unidades judiciales del país -19,6 por cada 100.000
habitantes-, y se atiende el 99 por ciento de las
solicitudes de asistencia jurídica gratuita, lo que se une a
los “pasos importantes” que se han dado para implantar las
nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.
Gallardón ha destacado la necesidad de modernización de la
Justicia porque “es un factor de competitividad” y, por lo
tanto, “una Justicia moderna y eficaz no sólo resuelve
problemas de derechos fundamentales, sino que además
contribuye activamente a resolver los problemas que los
españoles consideran prioritarios”, entre ellos el paro.
El ministro ha considerado una ventaja que España disponga
de un sistema de Justicia que vertebre y sostenga a diario
el Estado de Derecho, asegure la igualdad de los españoles
ante la Ley y garantice el ejercicio de sus derechos.
“Esto es extraordinariamente importante porque la fortaleza
de la nación española no es única y exclusivamente el
sistema democrático, sino también que exista un sometimiento
de los poderes públicos al Estado de Derecho”, ha aclarado
Gallardón.
En opinión del ministro, el hecho de que “el imperio de la
Ley esté por encima de cualquier arbitrariedad que pudiera
tener la tentación de cometer cualquier ciudadano, incluso
si ejerce cualquier tipo de responsabilidad”, es lo que
permite a España tener “una perspectiva brillante de
futuro”.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró
ayer que el Gobierno no entrará nunca en debate con ninguna
víctima del terrorismo porque éstas “siempre tienen razón,
siempre”.
En una rueda de prensa y al ser preguntado por las críticas
de Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M Afectados
por el Terrorismo, sobre la investigación reabierta sobre
esos atentados, ha insistido en que nadie podrá escuchar
“jamás a un miembro del Gobierno ni del Ministerio de
Justicia entrando en ningún tipo de debate con ninguna
víctima del terrorismo”.
Respecto a la imagen de división que dieron las víctimas
contra el terrorismo al conmemorar ayer el aniversario del
11M, Gallardón ha mostrado el “máximo respeto” del Gobierno
hacia las víctimas del terrorismo y ha asegurado que la
posición que mantendrá siempre será la de cercanía y
comprensión.
“En relación con las víctimas, jamás habrá una posición que
no sea la de acercarse a ellos, escucharles, interiorizar no
solamente sus argumentos, sino también sus sentimientos, y
acompañarles, porque eso es lo que tiene que hacer quien
representa a la sociedad española, que es el Gobierno de
España”, ha dicho el ministro.
Según Gallardón, desde su llegada al Ministerio de Justicia
se aplica a sí mismo la máxima de que “las víctimas siempre
tienen razón”, incluso en momentos en los que pueda haber
una diferencia de criterios entre este colectivo y el resto.
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