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La Ciudad, al igual que el resto
de autonomías y entes locales, deberá acogerse al Real
Decretro-ley 4/2012, de 24 de febrero, que obligará a
ajustar más las cuentas para que el Estado vea garantizadas
las devoluciones del préstamo a través de los créditos ICO,
que van a servir para sanear la deuda con proveedores. Las
autonomías deberán incluir en sus presupuestos los ingresos
reconocidos y efectivamente obtenidos, no los que se espera
obtener, tal y como se hacía hasta ahora. Es decir, cifras
reales que permitan conocer cuál puede ser el gasto a
soportar por cada Administración local en su presupuesto
anual. La Ciudad tendrá que modificar también el de este
año. El objetivo, muy claro: que no se inflen las cuentas ni
se gaste más de lo que se puede, la “sostenibilidad”.
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OPINIÓN / EDITORIAL
