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El pasado viernes el Gobierno anunció que las
Administraciones locales dispondrán de diez años, con dos de
carencia, para devolver el crédito que reciban para pagar a
proveedores. Una medida a la que se acogerá la Ciudad para
ponerse al corriente de pago con aquellos que les
suministran servicios. Desde la Consejería de Hacienda y
Recursos Humanos aún desconocen a cuánto ascendera este
préstamo, que deberán devolver a un interés que ronda el 5%.
No obstante, el consejero, Francisco Márquez, ha asegurado
que pretende tener la relación de las facturas pendientes de
pago y por tanto conocer la cuantía de la deuda.
Las dudas sobre a qué interés y en cuánto tiempo las
Administraciones locales deben pagar al Estado la
financiación para el pago a proveedores aprobada la semana
pasada ya se han despejado. En diez años, con dos de
carencia, y a un tipo que ronda el 5%. Estas son las
condiciones en las que la Ciudad tendrá que devolver al
Estado el crédito que le permitirá inyectar liquidez a los
proveedores con los que tiene pagos pendientes, según
anunció el viernes el Gobierno. La cantidad que la Ciudad
pedirá para solventar esta deuda aún es un misterio. De
momento, la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos, con
Francisco Márquez al frente, está sumida en la recopilación
de toda la documentación que se tenga sobre pago necesario a
proveedores y el consejero no quiere aventurarse a dar una
cifra.
El plazo para reunir todas las facturas de pago a
proveedores, se haya consignado o no ese gasto en el
presupuesto de la Ciudad para 2012, acaba el 15 de marzo. No
obstante, Márquez ha confirmado que espera que toda la
documentación esté lista “para finales de la próxima
semana”. Hasta ahora si hay una cifra clara es la deuda a
Urbaser. El pasado mes de diciembre, Guillermo Martínez
Arcas reconoció en rueda de prensa que la Ciudad debía a la
empresa de limpieza siete mensualidades o lo que es lo mismo
casi diez millones de euros.
Tras hacer el cómputo de la deuda total y trasladar la
información a Madrid para obtener el crédito con el que
pagar a los proveedores, la consejería de Hacienda tendrá
que elaborar el plan de viabilidad para su pago. Las
condiciones de este plan han “sorprendido” en la Ciudad ya
que, según reconoce Márquez, esperaban que el periodo de
pago fuera “menor”. “Diez años nos parece un plazo
razonable”, asume el consejero de Hacienda para quien lo
planteado por el Gobierno supone “un escenario positivo”
para la Ciudad. En cuanto al tipo de interés, se trata del
que ahora mismo se está aplicando en cuanto al Euribor más
los diferenciales, “son los intereses que están en el
mercado para deuda con las entidades financieras”, explica
Márquez.
“Estamos satisfechos con el mecanismo -reconoce el
consejero- por muchas razones y creemos que es muy
positivo”. Aunque el consejero de Hacienda es consciente de
que este mecanismo de financiación requiere “una mayor
exigencia para todas las administraciones”, asegura que la
Administración lo asume “con el tono favorable de quien sabe
que es un mecanismo que en definitiva va a ayudar a la
economía real, a los proveedores de Ceuta y al pequeño
comercio de la ciudad”. Pero el consejero va más allá y
aventura que este mecanismo “va a contribuir a mantener
puestos de trabajo y a crear otros”. La razón es que este
pago va a suponer “una inyección de liquidez” que llega en
un momento en el que los bancos han cerrado el grifo del
crédito a pymes y autónomos.
Mayor exigencia
Además, Márquez reconoce que esta medida adoptada por el
Ejecutivo además de una “exigencia” para las
Administraciones locales, supone una llamada de atención
porque “no se ha cumplido con la rigurosidad con la que se
tenía que haber cumplido, sin duda por las exigencias de la
crisis y la disminución de ingreso en todas las
administraciones”. El miércoles la Comisión Nacional de
Administración Local comunicará la operativa de este
mecanismo.
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Márquez sostiene que la RPT buscará mantener el empleo “con
la colaboración de los trabajadores”
El consejero de Hacienda y
Recursos Humanos espera contar “con la colaboración de los
trabajadores” para elaborar una Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) en la que “no sea necesario la reducción de
empleo público”. La exigencia viene impuesta por el Estado.
No el balde, el pasado miércoles, el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció que se
acometerá una simplificación del sector público empresarial
de la Administración local. Montoro explicó que hay que
acabar con “las mal llamadas empresas públicas”.
Un anuncio que busca “el redimensionamiento del sector
público municipal para que encuentre su adecuada dimensión
y, por tanto, no contribuya a un gasto desordenado” explica
Márquez que recuerda que desde el Ejecutivo local ya están
manos a la obra para llevar a cabo esta reestructuración.
“Desde el año pasado venimos hablando de la necesidad de
redimensionar el sector público empresarial y a eso responde
el plan de reestructuración y reordenación que presenté
porque lo aprobó así el Consejo de Gobierno en enero” añade
el consejero.
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