El Libro Blanco de la Fiscalía recogerá, en el plazo de un
año, una “radiografía” de la institución realizada por los
propios fiscales, de arriba abajo, que permitirá movilizarla
y someterse a un examen de conciencia crítico y autocrítico
sobre la situación actual que atraviesa.
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce tiene
claro que la Fiscalía debe modernizarse y contar con unos
fiscales muy implicados en la tarea que les debe ocupar como
Ministerio Público.
Este examen, ‘autocrítico’, que pretende ser la base para
una mejora sustancial de la labor a desarrollar llega, sin
duda, porque la Fiscalía hace aguas y se hace necesario
recuperar las esencias innatas de un órgano que debe ser el
azote de quienes atentan sistemática contra las leyes y
contra el estado de derecho.
Torres Dulce deja entrever, con esta acción, que hay mucho
por hacer y que en todos los lugares cuecen habas. Al Fiscal
General del Estado le convendría darse una vuelta por Ceuta,
a ser posible de incógnito, para examinar personalmente el
estado de su institución y de un personal que parece haber
perdido el ‘punch’ profesional y la garra necesaria para
instar a los jueces, con su labor constante, a que paguen
los que la hacen.
Si hace unos días supimos que unos catorce detenidos por
actos vandálicos-delictivos (quema de coches, contenedores,
apedreamientos a autobuses o vehículos policiales…) se
encuentran ya en sus casas habiendo salido de ‘rositas’, el
desánimo social provocado es absoluto y los jueces, que
tampoco parecen con mayor interés, también ayudan a ello.
Ni fiscales por un lado, ni jueces por otro, están
demostrando que viven en Ceuta. Existe una verdadera alarma
social por lo que ocurre en las calles sin que ello esté
sirviendo para adoptar medidas especiales. No es normal el
ingente número de quema de vehículos, ni de apedreamientos a
la policía o vehículos de servicio público.
Ni que decir tiene, que los primeros -que han de lidiar con
la delincuencia: Policía y Guardia Civil- andan con un nivel
de desmotivación clara provocado por eso mismo, porque en
este escenario donde se concita la labor de varios actores
fundamentales, hay unos que muestran verdadero
profesionalidad e implicación, y otros que se dejan ir. La
desidia y la indolencia, que raya la negligencia, es
peligrosa si la que paga tamaña falta de interés es la
población.
Los fiscales en Ceuta sufrirán, como todos los profesionales
del sector de la Justicia en esta ciudad, la falta de
instalaciones adecuadas, y de una mejor organización si se
quiere. Nada nuevo bajo el sol en otros sectores, sobre todo
del privado en el que los trabajadores han de dar mucho de
sí para mantener el nivel de competitividad exigido por un
módico precio, muy ajustado al salario mínimo. Por lo tanto,
dadas las circunstancias, conviene que los profesionales del
Ministerio Público en la ciudad autónoma vuelvan a
entusiasmarse con su profesión y ser los garantes de la
tranquilidad de los ciudadanos de bien.
Tienen que ser los azotes de los delincuentes y los primeros
colaboradores con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que son los que forman la otra pata de la
Administración General del Estado en estos temas de
seguridad ciudadana. Pero también deben ser los que no cejen
en el empeño ante cierta laxitud judicial.
Los ciudadanos de Ceuta, de verse desprotegidos, pueden
remitir a Torres Dulce sus quejas. Asociaciones vecinales y
sociales y, por qué no, los sindicatos y asociaciones de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Queridos fiscales, no hay que bajar los brazos. En serio, se
nota demasiado.
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