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En mi artículo de opinión del
pasado lunes expuse algunos de los motivos que a mi humilde
entender argumentan la elaboración y posterior aprobación de
la reforma laboral más compleja de los últimos años. Una
reforma cuyas implicaciones son equiparables a las que
sucedieran con anterioridad que también introdujeron
importantes modificaciones respecto a sus predecesoras,
reformas que aumentaron la precariedad laboral, modificaron
a la baja las prestaciones por desempleo y recortaron las
prestaciones por bajas por enfermedad profesional,
abarataron los costes por despido, crearon los contratos de
aprendizaje o la ampliación de los años de cotización real a
la Seguridad Social para tener derecho a una pensión.
La reforma laboral aprobada la pasada semana acompañada por
las severas medidas de austeridad adoptadas en el marco del
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas, junto a la reforma del sistema financiero
aprobada el jueves pasado, las disminuciones en las
retribuciones de altos cargos de empresas públicas y
entidades financieras así como, las que se irán adoptando en
los próximas semanas, sentaran las bases que favorecerán la
actividad y el empleo a pesar de las críticas de quienes
están legitimados, pero perdieron hace mucho tiempo el
derecho moral a hacerlo.
Pocos ciudadanos entendemos que las centrales sindicales
mayoritarias (UGT y CCOO) hayan permanecido calladas durante
estos siete largos años de desgobierno socialista, muy pocos
entendemos que hayan permanecido calladas mientras se
superaban los cinco millones de desempleados y aún menos,
que hubieran mantenido un inmovilismo indignante cuando
ejecutaron el mayor ataque al estado del bienestar de
nuestra historia democrática por tanto ¿cómo podemos
concederles credibilidad alguna en estos momentos?
Si los ciudadanos conociésemos algunos de los aspectos menos
difundidos por las propias centrales sindicales en relación
a la reforma mencionada, quizás podríamos comprender la
posición de unos representantes que pierden poder político
con el documento aprobado. La negociación descentralizada
supone recortar de forma drástica su capacidad de
influencia, propiciando el regreso de los liberados
sindicales a sus lugares de trabajo. Sin liberados, o con
éstos dedicados a sus obligaciones laborales, ya no será tan
sencillo convocar huelgas y manifestaciones. Sin negociación
colectiva centralizada, las grandes estructuras sindicales
se tornan irrelevantes porque ya no tienen que discutir con
el Gobierno ni con la patronal, sino con todos y cada uno de
los empresarios de este país. La reforma laboral no es la
solución definitiva, pero significa un decidido paso hacia
la senda del crecimiento en una cuestión esencial para la
sociedad española.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
