El 061 solicita que el Hospital Universitario sea el centro
de referencia a la hora de atender a pacientes españoles que
sufran algún tipo de emergencia en Marruecos. Así, piden que
las ambulancias del país vecino dejen a los enfermos en el
centro de Loma Colmenar en lugar de en la frontera, para no
causar perjuicios al paciente, además de no desaprovechar un
recurso del 061. Por otro lado, los españoles residentes en
Marruecos siguen teniendo problemas para ser atendidos,
especialmente de enfermedades crónicas, en Ceuta, y confían
en que el Gobierno central iguale la atención sanitaria en
las diferentes autonomías.
Los trabajadores del servicio de emergencias de la ciudad,
el 061, piden una mayor coordinación con Marruecos en lo
relativo a la asistencia sanitaria. En primer lugar
solicitan que el Hospital Universitario de Ceuta sea el
centro de referencia para tratar a usuarios españoles que
requieren de atención médica ante una emergencia ocurrida en
la zona norte del país vecino. El centro de Loma Colmenar no
está, según explican los trabajadores del 061, reconocido
como hospital de referencia de atención a los españoles
(residentes en nuestro país) que necesitan asistencia
sanitaria de emergencia mientras permanecen en Marruecos.
Esto conlleva, aseguran, que cuando llegan a Ceuta después
de ser atendidos al otro lado de la frontera, no traigan
consigo historial clínico ni información relativa a qué
atención se les ha prestado o qué medicamentos han tomado en
Marruecos. Es el caso, por ejemplo, de un español que
estando de vacaciones en Tánger sufre un accidente de
tráfico y aunque la asistencia inmediata se le aplique en
Marruecos, el siguiente paso sea trasladarlo a España.
El procedimiento establecido es que una ambulancia del
servicio sanitario marroquí lleva al paciente, una vez
estabilizado, a la frontera. En el perímetro fronterizo que
separa los dos países, la ‘tierra de nadie’, espera una
ambulancia española para recoger al paciente y trasladarlo
al Hospital Universitario.
Una de las principales pretensiones al solicitar que aumente
la coordinación con Marruecos en este sentido es propiciar
que sea la ambulancia marroquí que trae al paciente hasta el
Tarajal, la misma que lleve al paciente hasta el centro
hospitalario de Loma Colmenar, especialmente teniendo en
cuenta la poca distancia que separa el Hospital de la
frontera. “Tener que trasladar de una ambulancia a otra al
paciente en mitad de la frontera es perjudicial para el
usuario, además de ralentizar la asistencia sanitaria”,
explica Víctor Ríos, enfermero del 061. A los perjuicios
para el paciente, los sanitarios añaden otro inconveniente
del actual procedimiento: “Si la ambulancia procedente de
Marruecos llevase al paciente hasta el Hospital
Universitario no habría que utilizar un recurso, y esta
ambulancia podría destinarse a otras emergencias”.
Residentes en Marruecos
La situación difiere para los españoles que en lugar de
estar de manera puntual en Marruecos residen en el país
vecino. Es el caso de españoles que trabajan, y por lo tanto
cotizan, para organismos o empresas españolas, pero su
puesto de trabajo está en Tánger, Tetuán, Larache y otras
localidades del norte de Marruecos. Es el caso de la
plantilla del Instituto Cervantes, de las monjas españolas
de la zona, de trabajadores del consulado o del hospital
español, entre otros, así como de sus familiares.
Actualmente hay, sólo en Tetuán, alrededor de mil españoles,
según explica Belén Hita, una de los trabajadores del
Instituto Cervantes de dicha ciudad.
Fue precisamente ella una de las afectadas. Hasta el año
2007, a estos españoles se les atendía en Ceuta sin
inconvenientes. Un día, sin embargo, cuando esta trabajadora
acudió al centro de salud del Tarajal para una revisión de
Atención Primaria de su hija, le negaron la asistencia y,
sin previo aviso, la emplazaron a Granada, su lugar de
nacimiento. La razón apuntada era que según el Real Decreto
que regula la Tarjeta Sanitaria Individual, el 183/2004, de
30 de enero, no tienen derecho a la asistencia sanitaria en
Ceuta, puesto que para obtenerla, deben ser residentes o
desplazados
Sin solución
Varios trabajadores en la misma situación que ella se
pusieron en contacto con las autoridades pertinentes
-escribieron cartas de protesta al ministro entonces
competente, Bernat Soria; a la dirección territorial del
Ingesa que entonces ostentaba Jesús Lopera; y al presidente
de la Ciudad, Juan Vivas, entre otras autoridades- para que
hallaran una solución que, finalmente, nunca se materializó.
Entre las respuestas que recibían la más recurrente era que
los presupuestos para Sanidad se recibían en base al número
de población y que, por tanto, los establecidos para Ceuta
no contaban con ellos. Sin embargo, en aquella época había
más de 200.000 tarjetas sanitarias expedidas para una
población de poco más de 70.000 habitantes. “Es una
injusticia porque nosotros cotizamos para España”, apunta
Hita.
Tras los intentos fallidos perdieron la esperanza y en 2009
la situación se paralizó -explica Hita a EL PUEBLO-; ahora,
sin embargo, han vuelto a recuperar parte de las
expectativas después de que la ministra de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Ana Mato, anunciara la intención del
Gobierno de igualar la asistencia sanitaria en todas las
autonomías. Pese a este anuncio, estos españoles no han
visto que mejore su situación.
Los afectados explican que a menudo son emplazados a ser
atendidos en Marruecos en base a un acuerdo de colaboración
entre ambos países, según el cual la Seguridad Social
española abona la atención que reciban en Marruecos. “No
queremos eso, sino una sanidad de calidad; y la de Marruecos
no está en condiciones”, añade Hita.
También contactaron con Carmen Flores, defensora del
paciente, quien ha explicado a este medio que aunque en su
día pidieron ayuda, no se logró ningún cambio. Las mejoras
no llegaron a pesar de que cuando surgió el problema, las
autoridades competentes aseguraron que el asunto estaba en
vías de solución.
En septiembre de 2009, la Comisión de Sanidad del Congreso
aprobó una proposición no de ley presentada por UPyD en la
se instaba al Gobierno a estudiar el caso de estos españoles
y hallar una solución. Otro de los políticos que defendió a
este colectivo, e incluso elevó al Parlamento una batería de
preguntas sobre el tema, fue Francisco Antonio González
Pérez. Entonces, desde la oposición, era diputado del
Partido Popular por Ceuta, y hoy, delegado del Gobierno.
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