La reforma laboral es injusta porque supone un retroceso en
los derechos de los trabajadores, además de ser ineficaz
para ayudar al empleo ya que lo único que propicia es
despido. Se trata de una contrarreforma histórica del
mercado de trabajo. Y es una contrarreforma porque pretende
que el despido sea la opción más accesible para que las
empresas mejoren su competitividad, y porque anula la
capacidad de negociación de los sindicatos para defender los
derechos de los trabajadores, además de implicar un retraso
de los derechos de éstos.
El PSOE rechaza esta reforma por varios motivos:
Considera el despido como el recurso más fácil para
incrementar la competitividad, proponiendo un modelo
productivo de bajos salarios en lugar de favorecer la alta
productividad.
Propiciará un aumento de la tasa de paro, rebajando
notablemente las condiciones laborales y salariales de los
trabajadores, con la correspondiente incidencia negativa en
el consumo privado y la recuperación económica.
Desvirtúa la negociación colectiva, que dejará de ser
negociación, para ser imposición, y dejará de ser colectiva,
para ser unilateral.
No ha habido un acuerdo con los sindicatos, lo que puede
generar un elemento de confrontación social que agravará la
situación de nuestra economía.
No va a solucionar el problema de la dualidad en el mercado
de trabajo, además de no simplificar el régimen de
contratos, al contrario habrá uno más.
Se trata de una contrarreforma que traerá más paro. En un
momento de recesión, como el que atraviesa España
actualmente, una reforma laboral como esta solo sirve para
facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la
destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar
la contratación.
Es necesaria una agenda de reformas para impulsar el
crecimiento, no solo se debe actuar con una agenda de doble
ajuste. Ajuste presupuestario, mediante ajuste en las rentas
de trabajo a través de subida del IRPF, y ajuste de los
derechos de los trabajadores. Ello arrastra la economía a un
círculo vicioso, menos empleo, menos salarios, menos
consumo, menos crecimiento, menos empleo…
El retroceso de los derechos de los trabajadores se ve
plasmado en la generalización del abaratamiento del despido
a 20 días, porque se vincula a una situación habitual en el
ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante tres
trimestres de los ingresos, independientemente de que los
beneficios aumenten. También se abre la puerta a una rebaja
general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. Y, además,
se crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el
despido libre y gratuito durante el primer año.
Se abre el camino de los despidos colectivos en el sector
público. Esta reforma afecta a un millón de empleados
púbicos, ya que no solo afecta a quienes trabajan en las
empresas públicas, sino también al personal laboral
contratado directamente por los ayuntamientos, las
comunidades autónomas o los propios ministerios, obedeciendo
a la concurrencia de insuficiencia presupuestaria
sobrevenida y persistente para la financiación de los
servicios públicos correspondientes. Por tanto, no serán
criterios de eficiencia, ni de utilidad pública los que
delimitarán los despidos en la administración, tan solo será
la voluntad discrecional de la administración que ostente la
potestad de asignar recursos presupuestarios.
Se anula la capacidad de negociación de los sindicatos para
defender los derechos de los trabajadores, mediante la
supresión de la autorización por parte de la autoridad
laboral de los expedientes de regulación de empleo (ERE),
asumiendo un riesgo añadido de judicialización de las
relaciones laborales. A partir de ahora, el empresario puede
plantear un despido colectivo de 20 días por año con un
máximo de 12 mensualidades; si los trabajadores no están de
acuerdo se recurrirá al juez, que en todo caso se limitará a
verificar si se cumplen los requisitos exigidos por el
despido objetivo (la disminución del nivel de ingresos o
ventas durante tres trimestres seguidos).
Por último, hay que señalar que los sindicatos se han
enterado de la reforma por la prensa, y una gran reforma
laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser
garantía de éxito.
* Delegado de Ideas y Programas PSOE de Ceuta
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