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La consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bel,
formalizó ayer la adhesión de la Ciudad al convenio
específico de colaboración entre la Jefatura General de
Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias.
El objetivo es que las incidencias que registre la Policía
Local se transmitan vía telemática e informática a la
Jefatura. Además, los agentes contarán con un registro no
sólo de vehículos sino de conductores para conocer la
situación vial en la que se encuentran.
La consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bel,
formalizó ayer la adhesión de la Ciudad al convenio
específico de colaboración entre la Jefatura Central de
Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias
en materia de seguridad vial. En la presentación de este
convenio a los medios estuvo presente la jefa provincial de
Tráfico, Isabel Martí. El objetivo es que las incidencias se
transmitan a Tráfico vía telemática e informática para
“agilizar los trámites”, explicó ayer la consejera. Se
realizará además un registro de conductores e “infractores”
cuando se realicen “sanciones graves y muy graves en las que
se detraigan puntos” además del “resto de sanciones que
también se recogen específicamente dentro de la propia Ley
de la Seguridad Vial”.
Según anunció la representante de Presidencia y Gobernación,
otra de las “obligaciones” que tendrá la Ciudad con la firma
de este convenio será la comunicación al registro de
vehículos de “los que adeuden el impuesto de tracción
mecánica”. También se comunicará al registro de víctimas y
accidentes de Tráfico los partes de incidencias que se
redactan por parte de la Policía Local. Por último, “se
colaborará en las campañas que desde la Dirección General de
Tráfico se llevan a cabo con la obligación de la
comunicación por parte de la Ciudad de todos los datos a la
Jefatura Provincial”, comentó Bel.
Otro de los apartados “importantes” para el seguimiento del
convenio será la creación de una Comisión, tal y como se
recoge en el texto rubricado ayer. Este equipo “estaría
formado por dos representantes de la Ciudad y dos de la
Dirección de Tráfico, aunque también se abarca la
posibilidad de que puedan incorporarse técnicos”, destacó la
consejera, quien agradeció el “interés” de Martí por que
este convenio, “una vez que se ponga en marcha al 100%,
puede dar muy buenos resultados”.
Registro de conductores
Por su parte, la jefa provincial de Tráfico recordó que esta
rúbrica tiene su origen en un anterior convenio que se firmó
entre la DGT y la Federación Española de Municipios y
Provincias en materia de seguridad vial. “Desde entonces,
distintos Ayuntamientos se han unido a esta campaña; el
objetivo último es la seguridad vial y de lo que se trata es
de facilitar el intercambio de información entre las dos
administraciones”, comentó. “Se va a tratar que todo el
flujo de información se haga de forma informática”,
continuó. “Tenemos la certeza de que por parte de la Ciudad
esta información se va a proporcionar”, sentenció.
Por ejemplo, la información relativa a accidentes en zona
urbana “va a permitir establecer diferentes campañas hacia
problemas puntuales o concretos de la ciudad”. En cuanto al
registro de vehículos ya existía, pero a partir de ahora se
abre “el registro de conductores”, un aspecto “importante”
para los agentes de la Policía Local a la hora de realizar
su trabajo diario. Es decir, “tener un acceso directo al
expediente de cada conductor”.
El jefe de la Policía Local, José Antonio Sorroche, aseguró
que este convenio “es básico” en cuanto a las actuaciones en
la vía pública puesto que se dispondrá “de un acceso real,
fiable y objetivo a la base de datos de conductores
infractores”. “Ahora mismo no se tenía la certeza de poder
actuar en esa materia con garantías suficientes”, comentó.
“Ahora se trata de tener acceso a la posible concurrencia de
un delito contra la seguridad vial y la imputación de ese
delito o la retirada por parte del agente de Policía del
propio permiso de conducir en el caso de que el infractor no
lo hubiera entregado a la Jefatura Provincial de Tráfico o a
la autoridad judicial”. En definitiva, los agentes
dispondrán de una “información objetiva”. “El trabajo con
este flujo de información se facilitará mucho”, finalizó
Sorroche.
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