El coordinador local de Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
ha instado al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani,
a que “se interese” por el joven activista saharaui, Brahim
Lambarki, quien lleva varios días acampado en Plaza de
España y en huelga de hambre.
Emilio Guerra denuncia que Brahim “ha sido expulsado del
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) por
considerársele marroquí” y que “le ha sido denegado asilo
político y se encuentra con el riesgo de expulsión al vecino
país, lo que supondría desamparar y abandonar a su suerte a
quién huyó del Aaiún en noviembre de 2010”.
En opinión del dirigente magenta, “existe una obligación
moral, al margen de muchas otras de orden jurídico, que debe
guiar la actuación de las autoridades españolas” en lo que
respecta al conflicto del Sáhara Occidental. “En los
llamados ‘Acuerdos de Madrid’, tomados por las Cortes
franquistas en 1975, España cedió ilegítimamente la
administración del Sáhara a Marruecos y a Mauritania, pero
nunca la soberanía sobre el territorio, dejando allí
abandonados a miles de saharauis con DNI español, como es el
caso de los familiares de Brahim”.
Guerra defiende que se acoja legalmente al joven en la
península donde, dice, “algunas asociaciones le han ofrecido
trabajo y donde no tendría problemas para tramitar su
documentación, conseguir la residencia e, incluso, la
nacionalidad española”. En cualquier caso, considera que
“sería incalificable que al joven en huelga de hambre le
ocurriese alguna desgracia”, por lo que considera “obligada
y urgente” la intervención del delegado del Gobierno para
facilitarle un “salvoconducto especial” por razones
humanitarias. En relación a la situación de los otros
concentrados en estos días frente a la Delegación del
Gobierno, los inmigrantes congoleses, el upedista cree
necesaria una “profunda revisión de la legislación sobre
extranjería” y denuncia que esta, en Melilla, “se aplica con
distintos criterios que en la península, con un texto legal
que se supone vigente en todos los territorios españoles”.
UPyD ha señalado, y no lo hace por primera vez, que “se
sobrepasan los tiempos legales de estancia y así convertimos
el CETI en un lugar de reclusión indefinida y no de estancia
temporal”, situación para la cual, precisamente, piden
soluciones los congoleses acampados en Plaza de España.
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