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Una de las reuniones que la Ciudad Autónoma de Melilla ha
llevado ya a cabo con los ministros de Rajoy es con el de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete. El encuentro, de carácter conjunto con responsables
del Ejecutivo de Ceuta, tuvo lugar el pasado miércoles día
25 de enero en Madrid.
Calabuig, al igual que ya dijera el presidente Imbroda a su
regreso de aquella reunión, expresó su satisfacción por la
acogida que el ministro Arias Cañete hizo a las propuestas
planteadas por parte de Melilla en aquella reunión, a la que
él también pudo asistir como consejero de Medio Ambiente. De
hecho, reveló que hubo “buenas palabras” por parte del
Ministerio, por lo que confió en que éstas se lleven a la
práctica ya desde este año, con la aparición de algunas de
estas cantidad económicas en el ejercicio presupuestario del
Estado.
El consejero, en una entrevista concedida a la Cadena Cope,
dijo que de los 126 millones solicitados para este
cuatrienio, se conforma con que este año el Ministerio
conceda a Melilla entre 15 y 20. Asimismo, explicó que entre
las obras solicitadas por ese valor global de 126 millones
de euros se encuentra la instalación del cuarto módulo de la
planta desaladora para no tener que depender de los pozos de
Marruecos y la mejora de la red de saneamiento de agua con
distintas actuaciones.
En esa inversión solicitada también se encuentra la mejora
de nuestras playas, que presentan un problema de suciedad
provocado por la desaparición de un metro de arena. El
consejero comentó que la solución es volver a reponer esa
arena perdida o bien, limpiar la suciedad desde el mar con
una barcaza. En este sentido, Calabuig lamentó que su
antecesor presentó seis proyectos sin que el Ministerio
hiciera caso a ninguno de ellos. “Se gastaron 50.000 euros y
no ha servido para nada”, afirmó.
Subvención
Además de la mejora de las playas, en la inversión
solicitada al Ministerio de Medio Ambiente también se
incluye la concesión de la subvención por el suministro de
agua potable que Melilla tenía concedida y que el Gobierno
socialista eliminó, al contrario que en Canarias, donde se
aprobó de forma indefinida en 2009.
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