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OPINIÓN - DOMINGO, 5 DE FEBRERO DE 2012

 

OPINIÓN / EL MAESTRO

¡Adiós a la EpC!
 


Andrés Gómez Fernández
andresgomez@elpueblodeceuta.com

 

Cuando en Abril de 2006 se dio a conocer la llamada “nueva asignatura”, que se denominaría “Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos”, se aclaraba que la misma tendría como finalidad reforzar la formación en valores de los alumnos. En principio, se impartiría en 5º y 6º de Primaria, en uno de los tres primeros de Secundaria y en uno de Bachillerato, dentro de Filosofía. En Primaria, impartidos por maestros; en Secundaria, por profesores de Ciencias Sociales, Filosofía y Ética, y en Bachillerato por los docentes de Filosofía. Esta asignatura nunca sería alternativa de la Religión.

La incorporación de esta materia el Currículo Escolar, según establece la LOE, suscitó reacciones encontradas. Para unos, encerraba el “peligro de adoctrinamiento ideológico del Gobierno de turno (PSOE), amenazando repetidas veces con ejercer la objeción de conciencia, al impedir que sus hijos cursaran esta asignatura: para otros, era imprescindible esta asignatura, y la clave estaba en quien y cómo se impartirá o no en la propia existencia de la materia.

Con independencia de temores, polémicas y valoraciones en uno u otro sentido, el hecho era que, todos los sistemas educativos, incluyen con denominaciones diversas la educación cívica o para la Ciudadanía, en los Programas de Primaria y Secundaria, de acuerdo con la Recomendación del Consejo de Europa, que en 2002, instó a que todos los niveles del sistema educativo deben contribuir a la introducción de este concepto, ya sea a través de una materia escolar específica o como tema transversal que impregne todas las asignaturas… Su presencia en los programas educativos varía según los modelos y los niveles de enseñanza. En la U. E, 18 de los 25 estados miembros con una materia separada en algunos niveles de enseñanza obligatoria y postobligatoria. Otros países, imparten una formación transversal. Las materias en los que se suele integrar la Educación para la Ciudadanía son mayoritariamente Historia, Ciencias Sociales, Geografía, Religión y Moral, Ética, Filosofía, e incluso, Lengua Extranjera.

Próximo a cumplirse un año de la implantación de la EpC, se produjo un movimiento para acabar con la nueva asignatura, como materia obligatoria e independiente, al considerar los promotores que “es un instrumento del Gobierno para el adoctrinamiento del Gobierno ideológico”. Para tal fin se presentó una “Guía para la objeción de conciencia”, así como el Decálogo de “motivos para rechazar” la polémica asignatura.

Según los representantes de las Asociaciones, existía una “demanda creciente” de padres y alumnos sobre cómo actuar para esa objeción de conciencia, por lo que se articularon sus propuestas en cuatro grupos, dirigidos a los padres, a los profesores, a los centros educativos y a los alumnos.

En el caso de los padres y alumnos, con más de 16 años fueron invitados a “objetar”, con la condición de que se trataba de un derecho Constitucional; a los centros educativos se les pedían que suscribieran una declaración, en la que manifestaran su desacuerdo con la asignatura y reclamaran el derecho de los padres a educar libremente a los hijos. Para tal efecto elaboraron una especie de Decálogo, con exposición de sus reivindicaciones.

Se han de destacar que, con la aparición de innumerables textos todos ellos polémicos, contribuyó a empeorar la situación. Junto a los libros de texto aparecieron, como recursos, libros de apoyo, guías didácticas… generando entre la Comunidad Educativa una gran confusión.

Queda por solucionar el problema de aquellos objetores que resistentes a entrar en clase, pendientes de una sentencia del Supremo en favor de la asignatura y una materia totalmente descafeinada por la mayoría de los Centros y adaptada a los mismos y en función de su ideario.

Lo que sí hay que tener presente es la situación de aquellos objetores que han visto su repercusión en los expedientes académicos y los perjudicados a la hora de solicitar becas, por ejemplo, según profesionales de la Ética, Asociación, a la que están acogidos estos estudiantes.

Ya de paso, después de la anulación de EpC, se solicita al nuevo Ministerio que “declare exentos de estudiarla a los objetores que aún están estudiando”, mientras esté en vigor la nueva asignatura anunciada por el Sr. Ministro.

Se ha de considerar que la sentencia del Tribunal Supremo, dictando que la asignatura ha de cursarse, no pudo con su convicción. Algunos han recurrido al Tribunal Constitucional y otros al de Estrasburgo.

Conviene recordar que la EpC, que empezó a impartirse en 2007, tiene tras de sí más de 53.000 objeciones de conciencia que fueron presentadas ante las Consejerías Autonómicas de Educación. La sentencia del Supremo, en Enero de 2009 dictaminó que no se podía objetar a la asignatura.

Ahora, con el nuevo ministro, que acierta al descartar la elaboración de una Ley General de Enseñanza –llevamos cuatro desde la LODE de 1985- que paralizaría de nuevo la Comunidad Educativa y sobre todo, retrasaría mucho la adopción de medidas clave para esta reforma. Pero es cierto que si el Gobierno desarrolla las propuestas anunciadas, el Sistema Educativo puede experimentar un cambio tan radical como una nueva normativa básica…

Pero el esperado cambio de la EpC por la nueva Educación Cívica Constitucional (ECC) resultará positivo si se eliminan los aspectos que han generado más polémica, aunque poco se avanzará si el temario de la misma sigue en manos de las autonomías.

Para José Antonio Marina, filósofo y ensayista: “Parece que el asunto trascendental de nuestra Educación fuese la Educación para la Ciudadanía. ¿A qué viene resucitar un debate absurdo, ideologizado, torpe y anacrónico?”.
 

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