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Los recortes anunciados por el Ejecutivo ceutí se unen a los
anunciados por otras administraciones como la de Madrid,
Galicia, Baleares o Castilla-La Mancha. En estas autonomías
los liberados sindicales, las jornadas partidas o el
presupuestos de los entes de radiotelevisión pública se han
visto ampliamente reducidos.
Los recortes se están generalizando en las administraciones
españolas desde que Mariano Rajoy cogiera las riendas del
Ejecutivo nacional e instará a los presidentes autonómicos a
reducir el gasto, al igual que él pretende hacerlo en la
Administración Pública. La respuesta poco se hizo esperar y
ya en diciembre muchos de los gobiernos autonómicos,
populares o no, habían anunciado recortes.
Madrid ha sido una de las que ha llevado la voz cantante en
este camino y su presidenta, Esperanza Aguirre ya ha dado
varios golpes de mando. El último, en los juzgados
encargados de la violencia sobre la mujer, donde a partir de
ahora sólo trabajará por la tarde la mitad de la plantilla.
Hasta ahora, la totalidad de los funcionarios continuaban su
jornada pasadas las tres de la tarde, con cargo a horas
extras. Entre las medidas para optimizar recursos la
presidenta también ha aprobado la ampliación del horario
laboral de todos los empleados públicos a 37,5 horas
semanales además de reducir los días de asuntos particulares
a seis. Medida similar a la que propuso ayer mismo Alberto
Feijóo.
El presidente gallego ha anunciando su intención de suprimir
el plus de altos cargos de la Xunta temporalmente y reducir
de 9 a 6 los días de “libre disposición” de los
funcionarios, alegando que esta última medida supondría un
ahorro de 15 millones de euros.
Entre los tijeretazos de Baleares, se producirá una
reducción del 70% de los liberados sindicales y una rebaja
del número de consorcios públicos, que pasarán de 107 a 30,
de 26 a 18 las fundaciones y de 28 a 21 las empresas
públicas. En total, se cifran en 800 los despidos de
contratados laborales de esta administración autonómica
Por su parte, en Castilla y León, se llevará acabo una
reducción de 129,5 millones en personal, con recortes de
retribuciones de empleados públicos (75 millones),
limitación del aumento de trabajadores (40 millones), las
actuaciones reorganizativas del personal sanitario (12
millones) y la reestructuración en el sector público
regional (2,5 millones).
Mientras que en Castilla-La Mancha, María Dolores de
Cospedal acometerá una reducción del número de liberados
sindicales, de 785 a 284 con lo que el Gobierno regional
prevé ahorrar 391 millones. También suprimen las
subvenciones a sindicatos y patronal, eliminan 19 empresas y
fundaciones públicas y se reduce un 20% el presupuesto de la
televisión pública. También se reducirá el 50% de los altos
cargos de Castilla-La Mancha.
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medidas
