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La comparecencia del Consejero
Francisco Márquez en fecha de ayer fue una pormenorizada
exposición de carácter técnico, referente a dos documentos,
el primero relativo a la reforma del sector público
empresarial y el segundo a la sostenibilidad presupuestaria.
Si bien muchos extremos ya se habían barajado con
anterioridad cómo el de la fusión de las empresas, entidades
y fundaciones y la homogeneización de salarios y
prestaciones para evitar agravios comparativos entre
trabajadores, en otro se ha hecho especial hincapié porque
está visto que cuando se busca al tiempo ahorro y eficacia,
los recortes resultan imprescindibles.
Y tal vez el aspecto que puede resultar menos claro y que
habrá que concretar es la reasignación de tareas, visto que
cómo en el resto de España no se van a convocar nuevas
plazas. Convocatorias congeladas (suponemos que con gran
decepción por parte de los aspirantes) racionalización de
las horas extraordinarias, acabar con las jornadas partidas
y un mucho más riguroso control de las bajas temporales con
el objeto de erradicar el absentismo laboral. Si
consideramos que los funcionarios tienen ya los salarios
congelados, el reto que han de afrontar desde ahora hasta el
2013 que es el año en el que los expertos consideran que
comenzará a relanzarse nuestra economía, es el de trabajar y
rendir mucho con tan sólo el incentivos de sus sueldos
mondos y lirondos y aún así saberse afortunados por tener un
trabajo seguro.
Al menos contarán con el consuelo de que no existirán por
acuerdo, diferencias salariales cómo han existido hasta
ahora y que habrá un mayor equilibrio y un tratamiento
idéntico. ¿Y qué opinarán las Centrales Sindicales de todas
estas reformas? Es de suponer que siempre que se respeten
los empleos y que se sepa recolocar a los trabajadores de
las empresas fusionadas, no existirá problema puesto que los
sindicatos son plenamente conscientes de la imperiosa
necesidad de conseguir una disminución del gasto público y
racionalizar los recursos. O eso espero.
Otro aspecto de la reforma y reordenación del sector público
empresarial y de la estrategia para conseguir la tan traída
y llevada sostenibilidad presupuestaria, es que toda la
monolítica y colosal estructura de la administración va a
simplificarse hasta extremos inauditos. Con la reducción de
un 50% del sector público periférico el ahorro repercutirá
de forma notable, un ahorro que, ya a modo de anécdota aún
sin serlo, alcanzará al parque móvil de la ciudad donde el
30% de los vehículos serán subastados por con considerarse
estrictamente necesarios. ¿Tomando ejemplo de la primera
iniciativa de María Dolores de Cospedal como Presidenta de
Castilla-La Mancha? Tal vez, pero los vehículos de altísima
gama subastados por Cospedal y que eran auténticos gastos
suntuarios y clara muestra del dispendio del Gobierno
Socialista nada tiene que ver con una reducción sensata de
un parque móvil donde se trata de conservar tan sólo lo que
se necesita. Al igual que eliminar alquileres de locales e
instalar las dependencias de Consejerías en propiedades
municipales, reducir el número de altos cargos que ya era
una realidad desde las pasadas municipales, fijar unas
condiciones exhaustivas referentes a la renta para la
concesión de becas (una suerte porque conseguir una beca en
la Península adquiere caracteres de ordalía) y prescindir de
una serie de gastos que la ciudad puede permitirse en
tiempos de prosperidad pero que, en estos momentos
económicos, no pueden asumirse.
Lo importante es que el Gobierno, con la elaboración de
estos documentos ha cumplido una promesa electoral, ahora
faltan las reacciones de los partidos políticos de la
oposición y la de las Centrales Sindicales porque cuesta
pensar que no tratarán de utilizar las medidas de
reordenación y ahorro para tratar de desgastar al Gobierno.
¿Un pensamiento negativo? Tal vez, pero nunca son populares
los recortes para quienes se ven afectados por ellos y habrá
algún profesional de la buena conciencia que salga clamando
acerca de que se están llevando a cabo recortes sociales
encubiertos. Algo injusto si se considera que cientos de
miles de españoles utilizan diariamente el servicio de
comedores de Cáritas y que en la Península uno de cada
cuatro ciudadanos vive por debajo del nivel de la pobreza.
Por parte de Sindicatos y de grupos políticos lo sensato,
honrado y coherente sería apoyar sin resquicios esta especie
de Plan General y ayudar a sostenerlo hasta el 2013, por
solidaridad y por decencia.
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OPINIÓN / ANALISIS
