La Federación de Servicios Públicos del Sindicato UGT en
Ceuta ha hecho pública su disconformidad con las medidas
propuestas el pasado miércoles por el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, en su primera comparecencia ante el
Congreso de los Diputados. A través de una nota de prensa,
el sector de UGT-Justicia de Ceuta se centra en su oposición
a las medidas anunciadas para terminar con el exceso de
litigiosidad y la moderación de los abusos en el acceso a
los órganos judiciales en segunda instancia mediante la
imposición de tasas. El sector de Justicia de UGT considera
que debería actuar el mismo principio también en las fases
iniciales del procedimiento, tonde también pueden darse este
tipo de abusos y acumulaciones.
De igual forma el sindicato se opone a que los propios
jueces designen a doce de los veinte integrantes del Consejo
General del Poder Judicial, algo que a su entender debería
hacer el parlamento, como garantía de la soberanía popular.
El sindicato considera igualmente inadecuada la medida de
pena de prisión permanente revisable, que califica como ”el
eufemismo que encubre a la cadena perpetua, un tabú mças
propia de épocas pretéritas ya superadas de nuestro sistema
penal”.
UGT entiende como correcta la postura del ministro frente a
la modernización de la Justicia, pero recuerda que no debe
discriminar “la opinión de las bases”, es decir, gestores,
tramitadores y auxiliares judiciales, “pues nuestra opinión
es fundamental a la hora de alcanzar un consenso sobre las
verdaderas necesidades de la Justicia”, al menos en el
ámbito meramente procedinemtal.
Además, el sindicato afirma entender la necesaria y urgente
entrada de la Oficioa Judicial, pero se opone a las medidas
contra el funcionariado público que a su entender pretende
imponer el Gobierno para reajustar la economía (externalizaciones,
más privatización, reducción del sector público...)
Asimismo piden que debe reconocerse que no es un privilegio
el tener asegurado un trabajo de por vida, sino que “ello
responde a la garantía de imparcialidad en el ejercicio de
las funciones públicas”.
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