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El sector de Justicia del sindicato CCOO en Ceuta ha hecho
sus primeras valoraciones sobre la primeracomparecencia del
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ante el
Congreso, en la que anunció importantes cambios. El
sindicato considera, entre otras preocupaciones, que la
pretensión del ministro es, entre otras cosas, imponer
nuevas tasas en la Administración de Justicia, lo que, “a su
juicio perjudicará notablemente a los ciudadanos”.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía, en la que se
integra el sector de Justicia del sindicato CCOO en Ceuta,
ha hechos sus prieras valoraciones sobre la comparecencia
del ministro Ruiz Gallardón el pasado miércoles. Sin entrar
a valorar de momento el compromiso del Ministro a garantizar
la despolitización del Consejo General del Poder Judicial -organo
de gobierno de los Jueces-, así como la reforma de los
nuevos proyectos legislativos que pretende sacar adelante,
el sindicato considera que el nuevo ministro “repite los
graves errores de la mayoría de sus antecesores en el cargo,
pues vuelve a olvidar a los trabajadores de la
Administración de Justicia, funcionarios de todos los
Cuerpos Generales y Especiales así como al personal laboral,
cuando hace una referencia a establecer ‘puentes y escuchar’
a todos”. Para el ministro “parece que entre ese ‘todos’ no
existen los trabajadores”, lamentan mediante un comiunicado.
FSC-CCOO considera que ésta es una constante intolerable que
se reproduce cuando se nombra a un nuevo ministro. “No
debería ser necesario volver a trasladarle que la
Administración de Justicia no puede funcionar si esos
puentes no se tienden por el nuevo titular del Ministerio de
Justicia, igualmente que al resto de los citados, a los
trabajadores que logran cada día que esta Administración no
haya caído en el colapso”.
En segundo lugar, explican que si bien a todos preocupa el
“exceso de litigiosidad” del sistema judicial, utilizando
las mismas palabras citadas por el ministro, no comparten
con él que las soluciones que se proponen a ese exceso sea
la imposición de más dificultades a los ciudadanos para el
acceso a este servicio público imprescindible, como la
imposición de nuevas tasas, que en la práctica va a
significar que los más pobres tendrán cada vez más
dificultades a su derecho a la tutela judicial efectiva, y
sólo los que puedan aguantar procesos largos y costosos
tendrán acceso a la justicia en condiciones de acceder a ese
derecho. “No olvidamos, y los grupos parlamentarios,
incluido el que sustenta al gobierno, lo saben, porque CCOO
ya se opuso a la Ley de medidas de agilización procesal que
entró en vigor en noviembre 2011, pues ya puso en entredicho
ese derecho cuando los reclamantes que vieran desestimada su
posición en la vía judicial deberán pagar a partir de ahora
las costas procesales, salvo decisión en contrario del
juez”.
El sindicato observa que tampoco olvida que medidas como la
imposición de costas ya ha perjudicado notablemente también
a los empleados públicos cuando pretenden acudir a la vía
judicial para defender sus derechos retributivos y sus
condiciones laborales. “Se puede afirmar de forma retórica,
como afirma el ministro, que todos tenemos que tener las
garantías para el derecho a la tutela judicial efectiva,
pero cuando para acceder a ese derecho se ponen obstáculos
insalvables para los más débiles de la sociedad, en la
práctica esas declaraciones se convierten en tan sólo
palabras sin ningún contenido”.
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