MENA: dimes y diretes y decisiones apresuradas

Mientras en Andalucía existen alumnos que andan arrecidos dando clases en aulas prefabricadas por falta de escuelas y en los núcleos chabolistas a los niños les atacan las ratas, el Fiscal decide que el centro donde se encuentran los muchachos MENA se tiene que clausurar. Y por lo visto la Ciudad no recurrió en su momento la decisión. Que además el Fiscal dejó a medias, ya que de la propia Fiscalía en coordinación con las Fiscalías del resto de las Comunidades Autónomas deberían haber surgido la iniciativa del acomodo de los jóvenes en los centros donde existan plazas libres y designar los destinos caso por caso. ¿Demasiado trabajo y demasiados quebraderos de cabeza esa labor coordinada e individualizada de joven por joven y centro por centro? Y ante la vaguedad del mandato de la Fiscalía no he tenido noticias de que, el Gobierno de la Ciudad realizara un requerimiento al Ministerio Fiscal cono garante de los derechos y de la protección de los muchachos para que fuera a nivel Fiscalía de Menores quienes se ocuparan de asignar los lugares considerando la existencia de centros más o menos saturados.

Pero el problema ha derivado en la Ciudad Autónoma. Aclaro, “los problemas” porque se une el inclumplimiento flagrante del Tratado España Marruecos de automática readmisión de sus menores nacionales con lo que el problema es de ineficacia, miopía y necedad política. ¿Y por que la Fiscalía no exige el cumplimiento de ese acuerdo bilateral que es el más favorable a los menores?

Problema social por la estulticia de las autoridades que “aún” no ha sido capaces de determinar si los jóvenes están “realmente” huérfanos y desamparados y encima son apátridas, es decir, que no tienen un Gobierno digno que les proteja. Improvisación, maricomplejines, eufemismo en estado puro y catatónico, hipócrita moral “de la buena conciencia” y opacidad informativa. En lugar de gabinete de prensa el asunto se ha reciclado en “gabinete de rumores” y la realidad ha sido más “tunneada” que el coche de un macarra. Y todo por no recurrir ni oponerse por los cauces legales oportunos a la decisión del Fiscal. O al menos a una decisión unipersonal que no venía acompañada de soluciones concretas y definitivas sobre el destino de los jóvenes marroquíes. ¿Y no podría haberse solicitado oficialmente de la Fiscalía que fuera ella al tiempo de decidir la clausura, organizara los nuevos destinos ante la falta material de alternativas de alojamiento en Ceuta? ¿Demasiado esfuerzo logístico tal vez?.

Y existe un tercer problema, que es la conculcación expresa del derecho de los vecinos de la barriada de Hadú, de ser informados oficialmente y de manera específica de cualquier decisión que ataña a su barrio. ¿O es que se prefiere el rumor a la noticia oficial? Normal la reacción vecinal al sentirse coaccionados por una decisión que ellos consideran arbitraria, manifiestamente injusta y contraria a sus legítimos intereses.

Así si los dimes y diretes y las decisiones apresuradas y mal tomadas sobre la marcha han sido la tónica general, quienes a la postre van a resultar especialmente afectados por la desinformación han sido los vecinos de Hadú. Se ve que “lo que mal empieza mal acaba”. El comienzo es la pasividad a la hora de exigir el cumplimiento de un Tratado Bilateral, la continuación es la dejadez a la hora de determinar si los muchachos están desamparados o son vecinos de Tetuán o de Castillejos que vienen a residir gratis, a esa dejadez sigue el descontrol y prosigue la postura de la Fiscalía que ordena la clausura y después la parálisis legal de la Ciudad que no recurre, requiere, se opone y se dirige al Ministerio, los vecinos de Hadú se manifiestan y se oponen a la ubicación de los jóvenes en su barrio, los militares dicen que de dejar cuarteles nada, la información se suministra al ritmo de un suero de goteo, los rumores se acrecientan, se decide deprisa y corriendo el destino antes desechado, los vecinos sienten que se les ha faltado al respeto.

Y todos los augurios apuntan a que el atolladero culminará en una judicialización de la polémica y la oportunidad de “esta vez” sí poder recibir información pormenorizada de cada uno de los pasos e iniciativas que se emprendan, información exhaustiva y expresa.