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La Consejería de Juventud, Deporte y Menores, que dirige
Susana Román, ha recibido un auto por parte de la Fiscalía
de Menores en la que se insta a la Ciudad sobre la
“necesidad de llevar a cabo el traslado de los menores
extranjeros no acompañados (MENA)”. Actualmente, estos niños
se encuentran en el centro ‘La Esperanza’, en San Antonio.
Según explicó el portavoz del Gobierno local, Guillermo
Martínez, el plazo máximo que ha puesto la Fiscalía ha sido
de un “máximo de dos meses”. “El Ejecutivo ha tomado nota de
este requerimiento por parte de la Fiscalía”, continuó
Martínez. Por ello, ya se está trabajando en el traslado de
estos menores. “Será en próximas fechas cuando se diga cuál
va a ser la solución a este problema que se plantea”,
sentenció.
Sin embargo, la Ciudad todavía no ha decidido cuáles serán
las nuevas instalaciones dedicadas a tal fin y por ello,
Martínez se mostró cauteloso: “en poco tiempo se anunciará
cuál es el lugar elegido para el traslado”, comentó ayer en
rueda de prensa. “Se va a buscar una solución digna”,
concluyó. Por su parte, hace nueve meses un informe del
Defensor del Pueblo describía la imagen del centro ‘La
Esperanza’, ya que “no se dan las condiciones mínimas para
albergar y efectuar una labor educativa”. La Ciudad se puso
manos a la obra e incluso solicitó el cambio de uso para el
albergue social de San José-Hadú. Este traslado se descartó
porque también era necesario para estas personas.
El Gobierno inició un expediente para la construcción de un
nuevo centro en la zona de Calamocarro. Ahora, a raíz del
auto de la Fiscalía, deberá encontrar una solución, lo que
supondrá un replanteamiento de la situación.
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