La Seguridad Social recuerda, en una nota de prensa emitida
ayer, que la ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, en su disposición adicional sexta garantiza la
universalización de la sanidad pública, “lo que incluye a
los parados que han agotado su prestación”. Las comunidades
autónomas pueden firmar convenios con el Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) para acceder a su base de
datos y evitar demoras a los usuarios del servicio.
La Ley extiende desde el 1 de enero de 2012 la asistencia a
residentes en territorio nacional a los que no se les
reconocía este derecho en aplicación de otras normas,
alrededor de 300.000 personas que, por diferentes motivos,
permanecían fuera de la sanidad pública en España. Esta
cifra incluye tanto parados que ya han agotado la prestación
o el subsidio de desempleo como determinados colectivos, por
ejemplo abogados o arquitectos. Para el resto, el Gobierno
debe elaborar un reglamento en seis meses.
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