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El Juzgado de lo Penal número 1 acogió ayer un juicio contra
A.A. y M.M.S. por un delito contra la salud pública. El
primero estaba imputado por ser el conductor del coche donde
se descubrieron 15 kilos de droga, el segundo por ser el
propietario, pero este aseguró no conocer al conductor y
haber vendido el coche meses antes de que ocurrieran los
hechos.
Cuando todo apuntaba a que el juicio contra A.A. y M.M.S.
por un delito contra la salud pública no se podría celebrar
por la ausencia de este último, el acusado apareció por en
el Juzgado de lo Penal número 1. Se enfrentaba a una pena de
cuatro años de cárcel por ser el propietario del vehículo
donde el pasado 28 de marzo se hallaron ocultos quince kilos
de droga, y, según las conclusiones del fiscal, por estar de
acuerdo con A.A. -que conducía el coche el día de los
hechos- para pasar la droga. Pero el nerviosismo no hizo
mella en su discurso, ni cuando negó conocer al otro
imputado, que está en prisión desde que el pasado 28 de
marzo le arrestaran cuando intentaba cruzar el Estrecho en
el coche en cuestión.
A.A. explicó, en primer lugar, su versión Este hombre de
origen marroquí residía en Almería, donde aseguró que había
conocido a M.M.S., propietario del Mercedes Benz en el que
se escondía la droga, siete meses antes de que fuera
arrestado. El acusado contó que le había pedido el coche
para viajar a Marruecos, pero que había lo había dejado en
Ceuta en lugar de Algeciras y que desconocía el origen de la
droga. Un argumento que no convenció a la Sala, dado el alto
coste que tiene embarcar el coche en el ferry. Además, A.A.
afirmó desconocer que M.M.S. residía en Ceuta.
Por su parte, M.M.S. alegó que en el momento en que el otro
acusado le situaba en Almería, él se encontraba en libertad
condicional y que no salió de Ceuta, donde reside. Además,
argumentó que el vehículo se lo había vendido a una tercera
persona que supuestamente le habría dado el coche a A.A.,
aunque la venta no se había completado y sólo había recibido
la mitad de su valor. Esa tercera persona desapareció del
mapa, según afirmó M.M.S., para quien el fiscal solicita
cuatro años de cárcel y 90.000 euros de multa, mientras que
para A.A. se piden 3 años y cuatro meses y la misma multa.
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