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La formación ‘magenta’ que dirige Rosa Díez tiene claro que
la Administración General del Estado es la que debe asumir
las competencias que equilibran e igualan a los españoles y
aboga porque las comunidades autónomas no dupliquen la labor
administrativa, así como pide que se racionalice la
administración local para mejorar la prestación eficiente de
los servicios públicos.
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) apuesta por acometer una
reforma de la Constitución Española para delimitar un
reparto de competencias entre la Administración del Estado,
las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Así se
evitarían duplicidades y se cerraría el modelo autonómico,
“afrontando los cambios que precisa el país, según sus
dirigentes”, han defendido desde la formación magenta.
Materias como la representación internacional, Defensa,
Justicia, Educación, Sanidad, Medio Ambiente, Protección
civil y los recursos naturales, deberían ser competencia
exclusiva del Estado. Además, no desecha “el estudio de
otras materias ni la gestión descentralizada de algunas
competencias estatales”, defienden en UPyD.
“Todas las Comunidades Autónomas tendrán las mismas
competencias, capacidad legislativa y un sistema de
financiación basado en la corresponsabilidad fiscal”, matiza
la formación de Rosa Díez.
Otra de las reformas que quiere realizar la formación es la
referente a la disposición adicional primera de la
Constitución que consagra los derechos históricos de los
territorios forales. UPyD pretende suprimirla “por tratarse
de unos derechos contrarios al valor superior de la igualdad
que rige la Constitución y por consolidar una situación
inaceptable de privilegio”.
Transitoria V
También se considera necesario adaptar la disposición
transitoria quinta sobre Ceuta y Melilla “a su realidad
jurídica actual” como ciudades autónomas. “No queremos
tratos de favor ni compasiones de nadie. Solicitamos
igualdad de derechos con todos los españoles”,
Otra de las propuestas ‘upedistas’ es la “fusión paulatina y
voluntaria” de los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes
y de los contiguos entre sí o anexos a concentraciones
urbanas mayores, con el fin de racionalizar la
administración local y de mejorar la prestación eficiente de
servicios públicos.
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union progreso y democracia
