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Los 67 trabajadores laborales de Sanidad del Hospital
Militar ‘General O´Donnel’ que firmaron la estatutarización
tendrán que incorporarse al Hospital Universitario a partir
de mañana. USO y CSI.F denuncian el modo en que se está
llevando a cabo la reorganización del personal tanto
sanitario como de otras áreas.
Los trabajadores laborales fijos del sector sanitario
pertenecientes al Hospital Militar ‘General O´Donnell’
empezarán a integrarse como personal estatutario en el
Hospital Universitario de Ceuta a partir de mañana día 1 de
noviembre. Así lo recogía la Orden de Integración publicada
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 22 de
septiembre. Este proceso responde al acuerdo firmado entre
el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad para llevar a cabo la
integración, conforme a los acuerdos de cierres y
reconstrucción vigentes del convenio Único del personal
laboral de la Administración General del Estado y Plan de
Empleo operativo para el personal funcionario. Esta
integración tiene efectos desde el pasado 1 de octubre y
mañana comienza la incorporación al Universitario.
Los sindicatos USO (Unión Sindical Obrera) y CSI.F (Central
Sindical Independiente de Funcionarios) manifiestan sus
protestas contra el modo en que se está llevando a cabo este
proceso, especialmente en lo referente al personal no
sanitario. Un total de 33 personas del ámbito sanitario
firmaron la integración, de un cómputo de 78 laborales. Los
45 restantes son trabajadores de mantenimiento y
administración en su mayoría.
Además se verán afectados ocho funcionarios y una veintena
de personas quedarán, en principio, adheridas a la clínica
militar de medicina pericial que quede instaurada en el
Hospital Militar. José María Lorenzo, de USO, denunció que
todavía existen trabajadores “pendientes de recolocar”. Así,
explicó que Defensa está realizando este proceso “con prisas
para hacerlo antes de las elecciones” y saltándose todos los
plazos. “El Decreto de Integración establece que el personal
laboral debe integrarse como personal estatutario en el
Hospital Universitario en un puesto igual al que tenían en
el Militar, sin sucesión de continuidad; sin embargo, aún no
se lo han garantizado a los trabajadores”, explicó Lorenzo.
Así, recordó que la Ciudad Autónoma había hecho “una oferta
muy buena al Hospital Militar, porque además de los espacios
incluía a algunos trabajadores, sobre todo de mantenimiento
y cocina”, pero que el Ministerio de Defensa “parece
haberlas ignorado”. De igual modo denunció que el citado
ministerio “está ignorando todos los plazos que estipula la
ley” y promueve “traslados forzosos”. “El proceso está
siendo una barbaridad y va a provocar que las plazas no se
asignen en igualdad de condiciones”, agregó.
El principal problema que, sin embargo, denuncian los
sindicatos es que “aún no se sabe” qué pasará con los
trabajadores que no quisieron estaturizarse o que por
diferentes motivos no han podido realizar este
procedimiento. La situación para ellos estará, a partir de
mañana, en el aire, puesto que, según denuncian los
sindicatos, aún no tienen asignada una nueva ubicación.
Estos asuntos serán debatidos en la mesa sectorial
programada para el próximo 17 de noviembre.
Operativo de acogida
El director territorial del Ingesa, Jesús Lopera, ya
adelantó el pasado 21 de septiembre, durante la presentación
de las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud del
Tarajal, que el Hospital Universitario estaba preparado para
la llegada de los nuevos trabajadores. El director explicó
que en total se integrarían 67 trabajadores, y que el
proceso sería “más rápido” para los facultativos, seis en
total, puesto que todos ellos se incorporarían al servicio
de Urgencias. Respecto a los Diplomados en Enfermería,
Lopera explicó que se les haría una entrevista personal a
cada uno “para intentar ponerlos en sitios similares a los
que han trabajado” y que después realizarían “una rotación”
por el centro a fin de que conozcan todos los servicios.
Así, añadió que el personal dispondría “de uno o dos meses”
y que el 1 de enero debían estar “a pleno rendimiento”.
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