Después de más de una hora de espera, Y.S. se sentó en el
banquillo de los acusados de la Sección VI Audiencia
Provincial de Cádiz para ser juzgado por un delito de
falsificación documental y otro contra los derechos de los
extranjeros. A su lado debía estar H.H., de nacionalidad
marroquí, imputado también por falsificación documental.
Pero ni estaba ni se le esperaba, ya que según su abogada el
paradero del acusado era desconocido y además pesaba sobre
él una orden expulsión del territorio nacional. Aún así, el
juicio comenzó para resolverse con una conformidad que no
dejó tan conforme a Y.S.
Para conocer los hechos hay que remontarse al 10 de junio de
2011. Ese día sobre las 20.15 horas, el acusado se disponía
a cruzar el Estrecho en barco cuando en el control portuario
le sorprendieron con un pasajero indocumentado en su
vehículo. Se trataba de H.H. que portaba un permiso de
residencia falso, con la foto alterada y un sello de salida
del país falsificado. Un delito por el que la Fiscalía
solicitó seis meses de prisión y otros tantos de multa a
razón de dos euros por día. Además, por trasladar a un
indocumentado el Ministerio Fiscal pidió dos años de prisión
por un delito contra el derecho de los extranjeros. Ambas
penas sumaban dos años y medio de prisión, con los que el
imputado se conformó.
No obstante, la defensa quiso conmutar la pena de seis meses
por la multa y por tanto, pedir la suspensión de los dos
años de prisión, que sin tener antecedentes, serían
eludibles. Sin embargo, la Audiencia mantuvo su sentencia al
entender que dicha sustitución conllevaría un fraude
respecto al artículo 81 del Código Penal, que refleja que el
cómputo de las penas no puede superar los dos años.
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