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Los titulares de las concesiones de los locales, garajes y
trasteros desafectados y dispuestos a la venta en Azcárate,
Bermudo Soriano y Polígono, no llevan razón en sus quejas
sobre el precio de la tasación “técnica-jurídica” efectuada.
“No hay nada que discutir ni negociar”, advierten los
técnicos consultados de la Consejería de Hacienda. Los
titulares han de abonar sólo la tercera parte del valor
total de los metros que disfrutan como concesionarios, en
función de la tasación económica-temporal del usufructo que
fue concedido por 50 años. Además, según la Ciudad, los
concesionarios no pagaron nunca sus correspondientes canon
anuales.
La Ciudad Autónoma tiene claro que la tasación es la justa
atendiendo a los informes técnicos-jurídicos seguidos para
imponer el valor de lo que han de abonar los titulares de
las concesiones referidas a los garajes, locales y trasteros
ubicados en Plaza de Azcárate, Polígono Virgen de África y
Bermudo Soriano que fueron desafectados para iniciar el
proceso de desafectación que ya está en curso. De hecho más
del 90% de los titulares han recibido una carta por la que
se le da un plazo de 30 días para admitir o no las
condiciones de la compra-venta.
Los titulares lo propusieron
La Ciudad recuerda que esta compra de locales fue una
propuesta realizada por los propios representantes de los
concesionarios, que contaban con el interés de adquirir en
propiedad los mismos. Técnicos de la Consejería de Hacienda
han confirmado a EL PUEBLO que una vez recibida la solicitud
de estos concesiones, “se estudia el procedimiento legal que
habilite llevar a buen fin lo que solicitan, y se ve que
esos bienes no están afectos a ningún bien público. De hecho
son garages particulares y locales comerciales
particulares”. “En consecuencia se realizan los informes
correspondientes y se lleva a Pleno la desafectación, lo que
provoca que el derecho del concesionario cambia de
naturaleza”. Antes era un concesionario y ahora es titular
de un derecho y disfrute con la misma extensión tanto
temporal como de calidad y de cualidad que tenía como
concesionario. Tienen el mismo derecho, pero con distinta
naturaleza jurídica, porque el bien no es de uso público, no
es un bien patrimonial de la Ciudad Autónoma, explicaron las
fuentes del Ejecutivo local.
La Ciudad realiza los estudios para su valoración sabiendo
que el derecho de uso y disfrute máximo marcado por la Ley
es del 70%.
La consesión fue de 50 años y se otorgaron hace 16. Había
que determinar qué parte de valoración es a cuenta de la
Ciudad y qué a la del concesionario. Para fijar el número de
años por el que les corresponde abonar a los que son
titulares, por cada año que le reste de concesión, se le
otorga el 2% de la valoración. Como les restan 34 años de
concesión, en algunos casos o en la mayoría de los casos,
ellos son dueños del 68% y tienen que abonar a la Ciudad, si
quiere ser propietarios el 32% restante. Es decir, deben
abonar una tercera parte del valor de los locales, garajes y
trasteros.
No han pagado nunca
Se da las circunstancias que los actuales titulares, más de
500, que se benefician de una concesión de este tipos, no
han abonado a la Ciudad ni un sólo canon anual. Debían haber
realizado autoliquidaciones y nunca se hicieron. El Gobierno
lleva durante los últimos cuatro años intentando el cobro,
pese a que ese canon es “irrisorio”, menos de 100 euros al
año.
Sin discusión
En este punto, los técnicos jurídicos consultados son
tajantes: “Esto no es cuestión de que se hable, se negocie o
se discuta”.
“Aquí no hay nada que negociar, ni discutir. Aquí existe una
valoración técnica y un estudio jurídico-económico que fija
la cantidad que vale el adquirir la propiedad”, sin embargo,
si lo que quieren es no adquirir la propiedad, podrán seguir
disfrutando de su condición “hasta que la Ciudad tome las
decisiones correspondientes”, esto es, si quiere sacarlo a
subasta o no, “hasta entonces, podrán disfrutar de los
mismos derechos que ostentan en la actualidad”, reconocen.
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