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La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma han
reservado 252 plazas de los planes de empleo que se pondrán
en marcha el próximo 15 de noviembre para la contratación
nominativa de personas que estén en riesgo de exclusión
social, que supone el 20 por ciento de las 1.263 plazas
ofertadas en total. Ésta es una de las principales
decisiones que adoptó ayer la Comisión Interinstitucional,
formada por representantes de la Delegación del Gobierno y
la Ciudad Autónoma.
La Comisión Interinstitucional se reunió a primera hora de
la mañana para configurar los grupos sociales que ocuparán
esas plazas en las que no será necesario pasar un proceso
selectivo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a
diferencia de lo que ocurre con el resto de plazas del cupo
general.
El director provincial del SEPE, Joaquín Arana, explicó en
rueda de prensa que la comisión ha acordado que formarán
parte de estos grupos las personas con discapacidad (100
plazas), mujeres víctimas de violencia de género (100
plazas), drogodependientes en rehabilitación (10 plazas) e
internos procedentes del Centro Penitenciario (20 plazas).
Asimismo, la comisión ha elevado una consulta a la
Subdirección General de Políticas de Empleo, ubicada en los
servicios centrales del SEPE en Madrid, para saber si hay
posibilidades de constituir un quinto grupo para menores
tutelados por la Ciudad Autónoma, que ocuparían las plazas
restantes hasta completar las 252 reservadas a estos grupos
con dificultades para acceder al mercado laboral.
Según el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, la
inclusión de este grupo de menores en los planes de empleo
“puede ser interesante desde el punto de vista de la
inserción social que este tipo de colectivos puedan tener
una posibilidad laboral”.
Una vez que se conozca la respuesta de Madrid sobre los
menores tutelados, la Comisión Interinstitucional volverá a
reunirse el próximo lunes para cerrar los grupos que
integrarán el cupo nominativo de los planes de empleo. En
este próximo encuentro, la Ciudad Autónoma aportará el
listado de personas que forman parte de estos colectivos.
En este sentido, Arana dio a conocer los criterios generales
que deberán tener los candidatos a formar parte de este cupo
nominativo con difícil acceso al mercado laboral o en riesgo
de exclusión social. Todos ellos deberán ser demandantes de
empleo y estar inscritos en alguna de las categorías
profesionales ofertadas en los planes de empleo. Quedan
excluidos los que tengan tarjeta de mejora y tendrán más
opciones de conseguir una plaza los que no hayan trabajado
en el plan de empleo anterior y los que tengan cargas
familiares.
Sobre los criterios específicos para cada grupo, Arana
explicó que los discapacitados deberán tener un grado de
minusvalía superior al 33 por ciento avalado por el Imserso,
y tendrán más opciones aquellos que tengan cursos de
capacitación profesional. En cuanto a las personas que
sufren de violencia de género, su condición de víctima
tendrá que estar avalada por la firma del consejero, una
orden de alejamiento o la sentencia judicial.
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Comisión Interinstitucional
