La Fiscalía solicitó ayer la pena de dos años de prisión y
120 euros de multa por un delito de atentado y una falta de
lesiones para un inmigrante que ocupó ayer el banquillo de
los acusado del Juzgado de lo Penal supuestamente por la
agresión a dos agentes de la Guardia Civil en el campamento
desplegado por los subsaharianos frente al CETI.
Dos años de prisión, por el delito de atentado, y 120 euros
de multa, por una falta de lesiones, fueron las penas
solicitadas ayer por la representante del Ministerio Fiscal
en la ciudad a la magistrada del Juzgado de lo Penal número
1 para un inmigrante por la supuesta agresión a dos agentes
de la Guardia Civil durante su inspección al campamento
desplegado por los subsaharianos frente al CETI,
concretamente, junto al desguace Ordóñez.
La defensa, por su parte, pidió la absolución de su cliente,
que se acogió a su derecho a no prestar declaración pero en
su último turno de palabra, negó lo relatado por los agentes
de la Benemérita y los acusó de ser ellos quienes lo “habían
empujado”.
Los hechos se produjeron el pasado 30 de agosto, sobre las
18:00 horas, en la barriada Postigo, concretamente, en el
asentamiento frente a las instalaciones del Jaral. Según los
dos agentes, que declararon en calidad de testigos, ambos se
dirigieron a la zona para solicitar a cuatro subsaharianos
su documentación. Tres de ellos mostraron a los guardias
civiles la tarjeta que les identifica en el Centro de
Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) mientras que el
acusado se encontraba dentro de una choza de madera. Uno de
los testigos manifestó que su jefe accedió al habitáculo,
incitó al procesado a que saliese y al este no querer, lo
cogió del brazo. Momento en el que “comenzó a darle
manotazos y al intentar escapar, me dio un cabezazo en el
pecho porque iba justo detrás”, relató. Posteriormente, los
agentes le redujeron y lo metieron en el vehículo “como
pudimos porque se resistía continuamente”, anotó el segundo
guardia civil. Casualmente, además, dicho inmigrante ya
contaba con historial delictivo en la ciudad ya que el año
pasado intentó saltar la valla fronteriza para escapar a
Marruecos. Motivo por el que la fiscal rechazó una condena
condicional, en el caso de darse. Tras ello, la magistrada
dejó el juicio visto para sentencia.
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