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La Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa, de la
que forma parte la Asociación de la Prensa de Ceuta, mantuvo
ayer un encuentro con los representantes del Parlamento
andaluz (PSOE, PP e IU Los Verdes) para solicitar el apoyo
en la tramitación del Anteproyecto de Ley del Colegio
Profesional de Periodistas de Andalucía, que fue aprobado
por el Consejo de Gobierno el pasado 2 de agosto. Los Grupos
parlamentarios han mostrado su apoyo y será aprobado antes
de fin de año
La Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa (FAAP)
se ha reunido ayer con los portavoces de los tres partidos
políticos con representación en el Parlamento de Andalucía
para pedirles el apoyo en la tramitación del Anteproyecto de
Ley del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía,
aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 2 de agosto.
Todos los portavoces, Mario Jesús Jiménez Díaz por el Grupo
Socialista, María Esperanza Oña Sevilla por el Grupo Popular
y Diego Valderas Sosa por Izquierda Unida-Los Verdes, han
manifestado su satisfacción y respaldo a la iniciativa
confiando que sea aprobada por lectura única antes de que
finalice este año.
En las reuniones, que se han desarrollado en la sede del
Parlamento de Andalucía, han participado los miembros del
Consejo Directivo de la FAAP, cuya presidencia recae en
Andrés García Maldonado.
La FAAP, apoyada por sus doce asociaciones de la prensa
(Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Jerez, Campo de Gibraltar,
Córdoba, Málaga, Jaén, Almería, Ceuta y Melilla) viene
trabajando intensamente en los últimos años para hacer
realidad esta vieja aspiración, que data de 1996. De esta
forma y gracias al respaldo de los Grupos Parlamentarios,
los periodistas andaluces podrán ver hecho realidad la
puesta en marcha de su Colegio, como actualmente existe en
Cataluña, Galicia y Murcia.
Como recoge el borrador del anteproyecto de ley, los fines
del nuevo colegio se centrarán en la ordenación del
ejercicio de la profesión, la defensa de los intereses de
las personas colegiadas y el control de su actividad
conforme a las normas deontológicas.
Entre otras funciones, elaborará el código en esta materia,
ejercerá la potestad disciplinaria sobre sus miembros en
caso de incumplimientos de las normas, y representará y
defenderá a la profesión ante la Administración,
instituciones, tribunales, entidades y particulares, además
de organizar actividades e iniciativas de formación
permanente para sus colegiados.
La decisión de poner en marcha este proceso se fundamenta en
el artículo 20 de la Constitución Española, que establece
que todo ciudadano tiene derecho a comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de
difusión, y en la protección al honor, intimidad y propia
imagen mediante un correcto ejercicio profesional.
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