El grupo parlamentario Caballas, a través de su portavoz,
Mohamed Alí, propondrá que se incluya en el orden del día de
la sesión plenaria ordinaria de este mes que los “grupos
políticos de la oposición formen parte de todas las Mesas de
Contratación, incluida la Mesa de Contratación Permanente”.
Y es que, según explica el documento enviado a la
Vicepresidencia Primera de la Asamblea, “los representantes
de la oposición, desginados a tal efecto por los grupos
políticos, tendrán la condición de observadores con voz pero
sin voto”.
En cuanto a la exposición de motivos se refiere, para
Caballas, la contratación de obras, servicios y suministros
constituye “un ámbito fundamental de la gestión de la
política municipal” ya que “absorbe una parte muy
significativa de los Presupuestos Generales de la Ciudad”.
“Del acierto, tanto en la detección de las necesidades como
en la selección de los adjudicatarios más idóneos, depende
en gran medida la calidad de los servicios ofrecidos a los
ciudadanos y la optimización de los recursos públicos”. Por
otro lado, para la coalición resulta “obvio” decir que se
trata de un área “muy sensible” puesto que “el amplio margen
de maniobra del que dispone la administración para la
adjudicación de los contratos obliga a ser extremadamente
escrupuloso en la observación de los principios de
imparcialidad, transparencia y objetividad que deben
presidir la tramitación de los expedientes”.
Sin embargo, según considera Caballas, el “modelo de gestión
que aplica el Gobierno en esta materia se aparta por
completo de estos principios”. La coalición cree que “todo
el procedimiento queda bajo el control estricto, subjetivo y
exclusivo del Gobierno, sin que operen mecanismos
suficientes para garantizar la defensa de los intereses
generales; y, por supuesto, lejos del alcance de la
capacidad fiscalizadora de la oposición”. En definitiva, la
“exclusión de la oposición de todas y cada una de las fases
que conforman un expediente de contratación pública es
democráticamente inaceptable” porque “supone una vulneración
grave del principio de transparencia, además de alimentar
las sospechas de oscurantismo y corrupción”, finalizan.
|