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El pago de sentencias judiciales que no son favorables a la
Administración se incluyen de forma anual en los
Presupuestos de la Ciudad Autónoma. Así lo confirmó ayer el
portavoz del grupo popular, Francisco Márquez de la Rubia,
al ser preguntado por la deuda de ocho millones de euros
correspondientes a varias sentencias de impago que la Ciudad
debe afrontar. La deuda, que en esta ocasión es mayor que en
otros ejercicios, se incluirá en los Presupuestos de 2012,
donde como cada año habrá un apartado destinado a pago de
sentencias. “Todos los años hay una partida destinada a este
concepto que responde a las cantidades que se reclaman como
por ejemplo cuando un ciudadano entiende que la
Administración tiene que indeminizarle o cuando hay que
pagar a trabajadores por un despido”. “En este caso, la
cantidad es tan abultada porque se trata de antiguos
procedimientos judiciales muy cuantiosos que han culminado”,
señaló Márquez que habló del caso de la empresa ‘Resurce’,
que en los noventa se encargó de la gestión de los residuos
sólidos urbanos y la construcción de una incineradora. Y es
que, la mayoría de sentencias de las que tendrá que
responsabilizarse la Ciudad “no responden a la gestión del
gobierno de Vivas, sino a procedimientos judiciales en curso
en los que hay discrepancia de criterios”, aclaró el popular
que añadió: “La mayoría de los casos viene de más allá de
esta legislatura y de la anterior”. A la ya de por sí
elevada cantidad que se debe pagar, se ha añadido la
reclamación de las empresas de los intereses de demora, dado
las circunstancias de crisis actuales, según afirma Márquez.
No obstante, desde la Ciudad se intentará negociar para
llegar a un acuerdo de pago con las entidades.
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