El sindicato de Prisiones UGT denuncia la “desproporcionada”
sanción que ha emitido la DGIIP a un funcionario de la
prisión de Los Rosales de Ceuta, que ha sido sancionado con
una falta grave que lleva consigo la pérdida de empleo y
sueldo por un tiempo de ocho meses, además de la pérdida del
puesto de trabajo en Ceuta. La sanción aplicada es la máxima
contemplada por falta de diligencia en el trabajo.
El sindicato de Prisiones UGT denunció ayer mediante nota de
prensa lo que considera como una actuación
“desproporcionada” por parte de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias (DGIIP) ante un trabajador del
Centro de los Rosales.
La DGIIP ha sancionado al funcionario con una falta grave,
que tipifica la falta de rendimiento que afecta al normal
funcionamiento de los servicios del Centro. La falta grave,
aplicada en su máxima sanción, lleva consigo la pérdida del
empleo y sueldo por un tiempo de ocho meses, además de la
pérdida del puesto de trabajo en Ceuta, por lo que el
trabajador se vería obligado a trasladarse a otro centro,
tras aproximadamente siete años de servicio en la ciudad.
Según informan desde UGT esta sanción se habría aplicado
“por no haber tramitado una documentación urgente que debía
haber dejado lista antes de irse de vacaciones”.
“Todos cometemos errores y es una falta de diligencia en el
trabajo, pero independientemente del error creemos que la
sanción es completamente desproporcionada”, explica el
representante del Sindicato de Prisiones de UGT, Mohamed
Abdeselam.
El ugetista denuncia que la falta del funcionario debería
haber sido considerada “en su mínimo apartado para que el
daño moral y económico fuera menos perjudicial en el
trabajador”.
Fuentes del sindicato explican que, cuando el funcionario
regresó de sus vacaciones, estuvo trabajando “con
normalidad” durante varias semanas, sabiendo que iba a
recibir una sanción, que llegó semanas después con esta
grave notificación.
Para la formación UGT el agravio que supone esta sanción no
se corresponde con la falta de diligencia del funcionario
ceutí, que “lleva unos siete años trabajando en la ciudad
autónoma, donde tiene a su familia y amigos”, después de
haber pasado algunos años trabajando en Las Palmas.
El sindicato UGT-Prisiones comunica a su compañero mediante
nota de prensa que lo apoya y pone a su disposición “todo lo
que necesite en la defensa de sus intereses”.
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