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El portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, pidió ayer a
los grupos de la oposición un “debate sereno” sobre la
propuesta de reformar el Reglamento de la Asamblea, ya que
se trata de un proceso necesario para “corregir defectos” de
la actual normativa y agilizar el funcionamiento de la
Cámara melillense.
En rueda de prensa, Conesa realizó esta petición después de
que el presidente de Populares en Libertad (PPL), Ignacio
Velázquez, criticara días atrás el proyecto presentado por
el Gobierno utilizando “mentiras” como argumentos.
Conesa lamentó la “descalificación brutal” de Ignacio
Velázquez hacia el borrador del Gobierno, a pesar de que
sólo hacía una semana que se le había presentado a los
grupos de la oposición y es un proyecto en el que han estado
trabajando dos meses varios miembros del Ejecutivo y
técnicos “muy cualificados desde el punto de vista
jurídico”.
“Es francamente llamativo que este señor [Ignacio Velázquez],
que está condenado por dos delitos de prevaricación, venga a
impartir doctrina de cuestiones legales y actitudes
democráticas”, señaló Conesa, que pasó a desmentir las
afirmaciones realizadas el día anterior por el líder
pepeelista.
Así, el portavoz acusó a PPL de “mentir” cuando aseguró que
se ha suprimido la obligatoriedad de enviar la reforma del
Reglamento de la Asamblea al Consejo de Estado, ya que según
afirmó, “nunca se le ha enviado” al no ser necesario, dado
que no está relacionado con otras normas derivadas de la
ejecución de leyes estatales.
De igual modo, “es mentira que se elimine la obligatoriedad
del informe preceptivo del secretario general de la
Asamblea”, dado que éste tiene una serie de funciones que le
corresponden legalmente y que “nadie puede eliminar”.
Conesa también negó que se haya otorgado al presidente la
competencia de suspender las funciones de los diputados, ya
que esa suspensión de funciones y del aspecto económico
corresponde al Pleno de la Asamblea “en cumplimiento de la
normativa legal y de las sentencias que existen al
respecto”.
El portavoz desmintió asimismo que el borrador establezca
restricciones a los diputados en cuanto al derecho a la
información, ya que lo que el Gobierno ha pretendido es
regular las “reglas del juego” para impedir que ningún grupo
político pretenda hacerse un archivo documental a costa del
servicio de la Asamblea.
Conesa sólo reconoció la veracidad de una de las críticas de
Velázquez, respecto a la reducción del plazo de convocatoria
de 72 a 48 horas, si bien puntualizó que esta “decisión
política” se debe a que de este modo es “más fácil” reunir
las comisiones y tampoco debería ser objeto de crítica
porque el propio Velázquez estableció ese plazo en su época
de presidente.
En definitiva, el portavoz pidió a la oposición “un debate
sereno de propuestas constructivas”, ya que el Gobierno está
“dispuesto a asumir” las sugerencias y enmiendas del resto
de grupos políticos que le parezcan “constructivas para
mejorar” el Reglamento de la Asamblea.
Por último, negó ninguna falta de sensibilidad por parte del
Gobierno por proponer este debate en agosto, ya que “es un
buen mes para trabajar, tanto como otro cualquiera”. Al
respecto, Conesa quiso dejar claro a Velázquez que “el
Gobierno local trabaja ese mes también desde que Imbroda es
su presidente”.
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