Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería, los
empresarios con trabajadores transfronterizos pagarán más
por ellos a la Seguridad Social. Sin embargo, los empleados
no tendrán derecho a cobrar el paro aunque en su sueldo se
seguirá descontando el dinero para esta prestación.
Desde el pasado 1 de julio las empresas y los trabajadores
transfronterizos no comunitarios que trabajen en la ciudad y
residan en Marruecos deben cotizar obligatoriamente por las
contingencias por el desempleo y además, las empresas
ceutíes que cuenten con trabajadores del país vecino han
asumido un incremento en sus cuotas a la Seguridad Social
del 15%. Estas son dos de las medidas que se han comenzado a
aplicar con la entrada en vigor del Real Decreto 557/2011
por el que se aprueba el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros.
Ante la nueva norma, la Confederación de Empresarios de
Ceuta (CECE) ha salido a la palestra y a través de una nota
de prensa ha calificado la medida de “puramente
recaudatoria”. Y es que la ley también contempla descuentos
en los recibos de los salarios a los trabajadores
transfronterizos, en concepto de cuota obrera, incrementados
en casi un 24%. La CECE manifiesta que esta medida “lejos de
otorgar derecho alguno a este colectivo de trabajadores, les
va a ocasionar un incremento en sus descuentos sociales, sin
reportarle a cambio la posibilidad de acceder a las
prestaciones por desempleo”. Para la Confederación, si el
Gobierno hubiera querido velar por los derechos de los
trabajadores transfronterizos, “lo que debería haber hecho
es solucionar de una vez por todas, el tipo de retención que
por el IRPF se le descuenta mensualmente (24%) a este
colectivo.
Además, la organización empresarial recuerda que dada la
situación económica actual “no tiene sentido que se
incrementen los costes de la Seguridad Social para las
empresas que tienen trabajadores transfronterizos”. Por
último, la CECE se queja de la forma de comunicar la medida
ya que los empresarios se han enterado a través de una nota
informativa que les ha llegado a principios del mes de
agosto, con efectos retroactivos de 1 de julio pasado,
causando “graves trastornos” a las empresas que deben
ajustar sus cuentas en un corto plazo.
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