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La Asamblea de Melilla tendrá un nuevo Reglamento antes de
que finalice este año, haya o no consenso entre los cuatro
grupos parlamentarios, dada la “voluntad decidida” del PP de
llevar a cabo este proyecto tras el intento frustrado de la
anterior legislatura. En rueda de prensa, el portavoz del
Ejecutivo de Melilla, Daniel Conesa, informó de que el
Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al borrador que
presentará a los grupos parlamentarios en la Comisión del
Reglamento y Estatuto del Diputad de forma inminente para
empezar el debate de la reforma.
Conesa recordó que el PP ha estado trabajando en este
borrador durante las últimas semanas con la base de la
reforma que intentó llevarse a cabo hace unos años, en el
que se plantean medidas para favorecer el debate y resolver
los conflictos entre los grupos en el desarrollo de los
plenos, especialmente en los de Control.
Entre las cuestiones que se han modificado respecto a las
sesiones de Control al Gobierno, el Grupo PP propone que las
interpelaciones se circunscriban únicamente al grupo autor
de la iniciativa y al Gobierno en lugar de que participen
todos los grupos, como ocurre en la actualidad, algo que “no
tiene sentido” según Conesa.
Asimismo, el Ejecutivo quiere dar una mayor participación a
los viceconsejeros en el debate parlamentario, en el que
sólo podían intervenir hasta ahora los miembros del Consejo
de Gobierno. Conesa defendió esta medida porque “puede
ocurrir que el viceconsejero sea el más adecuado” para
responder sobre determinados asuntos que lleve personalmente
en su área de Gobierno, de modo que “se enriquece el
debate”.
También propone que el tiempo de las preguntas se amplíe a
seis minutos y se reparta equitativamente al 50 por ciento
entre el grupo que pregunta y el Gobierno para su respuesta,
evitando de este modo una de las causas que mayores
rifirrafes provocaba hasta ahora en los Plenos de Control.
De igual modo, el PP propone que los grupos de la oposición
puedan presentar sus preguntas e interpelaciones con una
antelación máxima de cinco días en vez de las 48 horas
actuales, con el objeto de dar al Gobierno más tiempo para
recabar la información y no verse obligado a responder por
escrito, como ocurre en algunas ocasiones.
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