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Aunque todo siempre es mejorable, la Ciudad Autónoma de
Ceuta ha visto mejorada su parte de la financiación
autónomica después del voto que Ceuta aportó a la propuesta
del Ejecutivo en 2009. Aquella respuesta, distinta a las que
ofrecieron los gobiernos autónomos del PP, le ha reportado
casi 24,5 millones de euros, bastantes más que en lo
establecido en la financiación autonómica de 2001. En el
CPFF de hoy se establecerá los nuevos límites del gasto para
las autonomías.
El secretario de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López
Carbajo, ha dado a conocer la liquidación del sistema de
financiación autonómica del ejercicio 2009, que le ha
supuesto a Ceuta un aporte extra de 15 millones de euros más
de lo que venía recibiendo desde 2001.
Las cifras han sido hechas públicas un día antes de la
celebración del nuevo Consejo de Política Fiscal y
Financiera que reunirá hoy en Cantabria al Gobierno de la
Nación y a los representantes de Hacienda de las distintas
comunidades y ciudades autónomas. Francisco Márquez de la
Rubia acudirá a la reunión en representación de la Ciudad
Autónoma.
Será un consejo intenso si se tratan todos los asuntos
pendientes, aseguraba el consejero de Hacienda a EL PUEBLO.
El orden del día prevé tratar los planes de ajuste de seis
comunidades que quedan por aprobar, la regla de gasto que
quiere implantar el Ejecutivo para los presupuestos
autonómicos y la distribución de 8.000 millones adicionales
de la financiación autonómica de 2012, que deberán ir
preferentemente a la sanidad.
El escenario es distinto al del último CPFF, la reunión se
celebra en un momento de clara tensión entre el Ejecutivo y
los nuevos gobiernos autonómicos del PP que, encabezados por
el de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha,
aseguran tener mayores déficit públicos de los declarados
por sus antecesores socialistas. El encuentro será
‘calentito’, aseguraban fuentes del Partido Popular. Los
consejeros de Economía y Hacienda de los gobiernos
autonómicos populares han prometido acudir al consejo con
una posición “muy reivindicativa”, en la que denunciarán su
“apremiante” problema de liquidez, y previsiblemente se
reunirán antes para terminar de preparar su posición común.
Tampoco piensa el PP apoyar la regla de gasto que el
Gobierno quiere implantar en la elaboración de los
presupuestos autonómicos, por considerarla insuficiente.
Márquez explicaba que “se trata de un tope máximo al aumento
anual del gasto, que se calcularía teniendo en cuenta la
evolución del PIB de los cinco años anteriores y las
previsiones para los tres ejercicios siguientes, y que el
Ejecutivo quiere trasladar a las autonomías tras decretarlo
para los presupuestos estatales y de los ayuntamientos”.
Está además pendiente la aprobación de los planes
económico-financieros de seis comunidades autónomas, que no
pueden endeudarse más hasta que el Consejo no les dé el
visto bueno.
La tercera gran cuestión que tratará el Gobierno con las
comunidades será la del gasto sanitario,
En principio, las autonomías aceptan que una cuantía
mayoritaria de los 8.000 millones de euros adicionales
previstos para la financiación autonómica de 2012 se destine
a la Sanidad.
De hecho, lo acordaron en el Consejo Interterritorial de
Salud del pasado jueves.
El PP quiere que se articulen medidas que garanticen el
control del gasto en la administración regional. Una postura
que promete llevar la guerra al seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera.
El líder del del Partido Popular, Mariano Rajoy, acaba de
solicitar más tiempo al Estado para que las autonomías
puedan devolver el dinero de más que recibieron en concepto
de adelanto de la liquidación de la financiación autonímica.
“Veremos”, ha dicho López Carbajo respecto a la petición de
Rajoy de ampliar el plazo de devolución, no sin antes
asegurar que el sistema es ya muy benévolo con las
autonomías. El quiz de la cuestión está en que las
autonomías tienen seis años para devolver el dinero que
deben al Estado y Rajoy, cuyo partido se ha hecho con el
control de la mayoría de gobiernos autonómicos, ha pedido
ampliar este plazo.
Ceuta, en su caso, tiene que devolver 1,9 millones
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