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melilla - SÁBADO, 23 DE JULIO DE 2011

 

peticion

Piden que la protección de la Dependencia
se incluya en el ámbito de los juzgados

MELILLA
A.M.

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Congreso no ha incluido la protección de la Dependencia dentro del ámbito de los Juzgados de lo Social, como ocurre con el resto de prestaciones del sistema de protección social, lo que supone dejar a más de 1 millón de personas dependientes en una situación de indefensión. CCOO pedirá que corrija este error en el debate de la Ley de la Jurisdicción Social. Según CCOO, el beneficiario medio del Sistema de Dependencia es una mujer de más de 80 años de edad cuyos principales, y únicos, ingresos son una pensión de viudedad de 586 euros. Si esta persona entendiese que no está siendo correctamente atendida por las prestaciones del sistema de pensiones, la sanidad pública o el desempleo garantiza que pueda ejercer sus derechos en el juzgado de lo social disfrutando de la justicia gratuita y obteniendo una sentencia en un plazo breve de tiempo. Sin embargo, si esta misma persona considera que el Sistema de Dependencia no la atiende correctamente y quiere reclamar sus derechos, de aprobarse en el Senado la nueva ley de la Jurisdicción Social en los términos en los que se está debatiendo, estaría obligada a acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo, lo que probablemente dilataría el resultado de su demanda durante años con el riesgo de tener que costear los gastos propios y los de la administración si perdiese el juicio. En opinión de Caridad Navarro, secretaria general de CCOO de Melilla, “el texto aprobado en el trámite del Congreso supondrá en la práctica que las personas en situación de dependencia estarán en situación de total indefensión”. Navarro, “resulta impensable que una mujer de 80 años, que es el beneficiario medio del Sistema de Dependencia, pueda ni tan siquiera pensar en abrir un proceso Contencioso Administrativo que sabe que llevará años de resolución y un dineral en caso de que pierda”. CCOO promovió un paquete de enmiendas parlamentarias con el objetivo de garantizar que los posibles problemas puedan dirimirse exactamente igual que el conjunto de prestaciones.
 

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