Apenas unas horas después de que se diera por culminado el
desalojo de los vecinos del Quemadero, la Ciudad procedió
ayer, con la colaboración de la empresa Ribera Navarra, al
derribo de las nueve viviendas que conformaban este núcleo
habitado. El Parque Móvil recogió los últimos enseres de uno
de los vecinos.
El Quemadero quedó deshabitado el martes y ayer miércoles
las máquinas hicieron desaparecer este núcleo de viviendas
fuera de ordenación y situado junto al ya desaparecido cauce
del arroyo de las Colmenas. EL PUEBLO fue testigo del
derribo, llevado a cabo entre las 11 y las 12.00 horas, y
con el que se daba cumplimiento al decreto por el que la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente declaró las viviendas
en estado de ruina inminente. Las casas, en las que vivían
nueve familias, eran de autoconstrucción y tras el comienzo
de las obras de construcción de la plataforma de un nuevo
vial de enlace con la futura prisión de Fuerte Mendizábal,
los técnicos de la Ciudad consideraron que había riesgo de
derrumbe de las construcciones y que la zona no reunía las
condiciones de habitabilidad y seguridad necesarias.
Dado que el proceso ha sido rápido, pues el lugar se ha
desalojado en apenas diez días, uno de los vecinos, al que
aún acompañaban su mujer y dos hijos pequeños, apuraba ayer
los momentos previos a la demolición de su casa para recoger
sus últimos enseres. Como había anunciado a los vecinos la
consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, un vehículo
del Parque Móvil completó esta última mudanza y la Ciudad se
hará cargo del almacenamiento de los efectos personales del
vecino hasta que se lleven a cabo los realojos definitivos
de estas familias, previstos en las 171 VPO de Loma
Colmenar.
El director de la Oficina Técnica de Obras del Príncipe,
Javier Arnáiz, quien supervisió los trabajos en esta zona de
la barriada, destacó que la coordinación entre las
consejerías de Asuntos Sociales y Fomento y Medio Ambiente
ha sido lo que ha permitido llevar a cabo el desalojo de
forma urgente, como establecía el decreto de ruina.
La responsable de Asuntos Sociales señaló a este diario que
durante toda la mañana de ayer estuvo pendiente de las
últimas gestiones para ubicar a los afectados, unas 30
personas, en los pisos de alquiler en los que residirán
durante los meses que aún quedan para que Emvicesa pueda
hacerse cargo de las nuevas VPO y proceder a su
adjudicación.
El director de la Oficina de Obras del Príncipe subrayó
asimismo la colaboración de la empresa Ribera Navarra, que
ha llevado a cabo el movimiento de tierras para el nuevo
centro penitenciario y que prestó su maquinaria y el
personal necesarios para realizar el derribo.
Para esta zona, que es propiedad de Defensa, existe un
proyecto de colaboración que permitiría, tras el relleno de
la vaguada, su urbanización.
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Asuntos Sociales ayudó a la última familia a encontrar un
alquiler
El pasado martes, tal como
informaba este diario en su edición de ayer, tan sólo
quedaba por realojar una de las nueve familias que vivían en
el Quemadero. Ante las dificultades que los miembros de esta
familia, formada por un matrimonio y tres hijos menores de
edad, manifestaban para encontrar una vivienda de alquiler
en la que ubicarse hasta que se produzca su realojo
definitivo, los Servicios Sociales se encargaron de
gestionar el arrendamiento. Al tratarse de vecinos afectados
por un decreto de ruina inminente de sus viviendas, la
Ciudad se ha comprometido a incluirlos en el cupo reservado
para este tipo de realojos forzosos en la próxima promoción
de VPO, que SEPES ha construido muy cerca de la zona en la
que residían, en concreto, en Loma Colmenar y constituida
por 171 viviendas.
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