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Los vecinos del Quemadero se preparan a marchas forzadas, y
aún sin plazo concreto, para desalojar sus casas. Ante la
perspectiva de tener que cambiar unas viviendas en las que,
a pesar de su precariedad, pues son de autoconstrucción,
disponían de hasta 100 metros cuadrados, por un alquiler
provisional, muchos optan por vender algunos de sus enseres
y materiales. Dos militares inspeccionaron ayer la zona.
Los vecinos del Quemadero continúan la búsqueda de un
alquiler provisional, que sufragarán los Servicios Sociales
de la Ciudad, ante la necesidad de que abandonen sus
viviendas, declaradas en estado de ruina inminente a
consecuencia de las obras que la SIEP realiza en la zona.
Algunos de ellos han optado por vender parte de los enseres
de sus casas ante la perspectiva de un realojo temporal en
pisos de alquiler que serán previsiblemente más pequeños.
Este es el caso que contaba Lahsen, que asegura ha vivido en
el Quemadero desde mediados de los años 70. Desde entonces
había hecho reformas que convirtieron una vivienda de
autoconstrucción, como todas las de la zona, en su hogar.
“Hubo un tiempo en que pagaba a los militares 30.000 pesetas
al año”, relata, para añadir que no abonaba esta renta desde
que “dejaron de pasar los recibos”. Lahsen dice sentirse
“indefenso” ante la necesidad de dejar de forma tan
repentina su casa. “Tenían que habernos avisado antes de la
obra”, se lamenta, para apuntar que ha de vender sus
pertenencias porque hasta ahora disponía de 100 metros
cuadrados y es posible que, de no encontrar alquiler y ser
trasladado por la Ciudad a una pensión, tenga que irse “a
una habitación”.
Los vecinos van sacando a la calle sus pertenencias, que
cargan en coches para que los almacenen sus familiares o
amigos. Otras personas acuden a comprarles lo que no quieren
o no pueden llevarse.
A media mañana de ayer, dos militares, un comandante y un
brigada, realizaron una visita a las casas y sus
inmediaciones. El terreno es propiedad del Ministerio de
Defensa, con el que hay pendiente un acuerdo con la Ciudad y
la SIEP que permitiría su urbanización.
La Consejería de Fomento no ha puesto aún plazo al derribo
de las casas, a la espera del realojo de las familias.
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