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El portavoz del grupo político Caballas, Mohamed Alí, ha
solicitado a la Vicepresidencia Primera de la Ciudad que se
incluya en el próximo pleno ordinario la propuesta de que
“todos los contratos de obras suministros y servicios” se
adjudiquen por el “procedimiento de subasta”.
El portavoz del grupo político Caballas, “al amparo de lo
dispuesto en el artículo 52.1.c del Reglamento de la
Asamblea”, ha solicitado a la Mesa de la Asamblea, la
inclusión en el orden del día de la sesión plenaria
ordinaria correspondiente a este mes, que se incluyan en el
orden del día la adopción de dos acuerdos.
Por una parte, que “todos los contratos de obras,
suministros y servicios” se adjudiquen “por el procedimiento
de subasta entre aquellas empresas que, previamente, hayan
acreditado la solvencia técnica y económica necesaria para
la correcta ejecución del objeto del contrato”. Por otra,
“no se aceptarán, con carácter general, ni reformados ni
revisión de precios de los contratos, siendo causa de
rescisión del contrato y posterior sanción, el
incumplimiento contractual en esta materia por parte de las
empresas adjudicatarias”.
Según explica Mohamed Alí en la solicitud que realiza a la
Vicepresidencia Primera de la Asamblea de la Ciudad, que
ostenta Adela Nieto, los motivos por los que se quiere
llevar a cabo esta propuesta en el Pleno es porque desde el
partido localista se considera que el sistema de
contratación actual de obras, servicios y suministros que
está siguiendo el Gobierno local “se ha convertido en un
auténtico problema que perjudica notoriamente los intereses
generales de la Ciudad”.
Y es que, para Caballas, hay un “elevado grado de
subjetividad” en las contrataciones lo que conlleva “a la
generalización del sistema de concurso, genera inseguridad
en las empresas ofertantes” e “introduce dudas razonables en
la limpieza del proceso”. Caballas asegura que “nunca se
materializan” esas “proliferaciones de mejoras” de los
contratos, “así como la bajas intencionadas con expectativa
de resarcimiento de futuro”, lo que causa “un encarecimiento
de los contratos por encima de lo previsto que costean
injustamente las arcas públicas”.
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