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La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, comunicó
ayer a los vecinos del Quemadero según señalaron varios de
ellos, que han de desalojar sus viviendas a lo largo de los
próximos días. Mohamed les explicó que deben buscar un
alquiler, una medida provisional de cuyo coste se hará cargo
la Ciudad hasta que se les realoje de forma definitiva en
las 171 VPO de Loma Colmenar. La demolición de las casas es
inevitable pues han sido declaradas en situación de “ruina
inminente”.
Las nueve familias afectadas por las obras de la SIEP en la
zona del Quemadero deberán buscar en los próximos días
viviendas en alquiler para trasladarse de forma provisional.
La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, les ofreció
ayer la ayuda institucional que necesiten y les comunicó que
sus viviendas han sido declaradas en estado de “ruina
inminente”, por lo que habrá que demolerlas a la mayor
brevedad posible.
Además de informarles de los pasos a seguir a partir de
ahora, la consejera explicó que el pasado viernes expuso el
caso a los representantes de la oposición en el Consejo de
Administración de la empresa municipal de la vivienda,
Emvicesa. Según Mohamed, ni Caballas ni el PSOE pusieron
objeción alguna al cumplimiento del compromiso de realojo
definitivo de estas nueve familias en las 171 VPO de Loma
Colmenar.
No obstante, y hasta que se produzca la entrega de las
viviendas de protección oficial por parte de la promotora,
la entidad estatal de suelo, Sepes, y Emvicesa las adjudica
pasarán todavía unos meses. De ahí que, como medida
provisional, la Ciudad corra con los gastos derivados del
realojo de estos vecinos. Algunos de ellos mostraron su
disconformidad con el hecho de tener que abandonar sus
casas, pero Mohamed les explicó que la medida se adopta por
su seguridad y la de sus hijos, ya que en el decreto de
ruina inminente, firmado por el consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Guillermo Martínez, en base a los informes de los
técnicos, se señala la existencia de “un grave peligro,
real, actual, inmediato e inminente para las personas y
bienes”.
El PUEBLO habló ayer con dos de las vecinas que ya se han
puesto manos a la obra en la búsqueda de un piso de alquiler
que se adapte a sus necesidades. En ambos casos, se trata de
familias que no tienen otro lugar en el que alojarse, por
ejemplo, con familiares, al menos durante los meses que se
prevé habrá que esperar hasta que se entreguen las casas de
Loma Colmenar.
La consejera de Asuntos Sociales les indicó que, en caso de
que alguno de los vecinos no quiera o no encuentre en los
próximos días una alternativa de alojamiento, la Ciudad
procederá a la retirada, previa autorización judicial, de
sus enseres, que serían trasladados al almacén municipal. En
ese caso, Servicios Sociales sólo podría buscar a estas
familias un alojamiento en las pensiones que tiene
concertadas con este fin.
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