La última exhibición pública de
los llamados “indignados del 15.M” en Barcelona, con los
graves incidentes producidos y la convocatoria de una nueva
“sesión” de amplia difusión a través de todas las capitales
españoles y, principalmente, las llevadas a cabo en Madrid,
nos promueve a reconocer, por una parte, el derecho que
asiste a todos los españoles a mostrar públicamente sus
inquietudes y, de otra, a estar de acuerdo con muchas de las
propuestas que enarbolan en sus pancartas, en unos casos de
factura impecable, bien confeccionadas y, en otros, en
desechos de cartones o papeles de envolver tintados con
sprays, pinturas industriales o rotuladores. En la mayoría,
hemos podido contemplar denuncias sobre el mal uso de la
gestión de los servicios públicos (estatal, autonómico y
local, tres órdenes organizativos fundamentales según
tenemos diseñado por la Constitución Española) y otras. Y es
que concluiremos que “el cambio del sistema financiero,
cambio del sistema político, liberarse del “Pacto del Euro”,
implantación de una revolución anticapitalista, oposición a
los ajustes sociales que propone la Comunidad Europea,
propuesta de una futura huelga general, y muchos otros
etcéteras, todas ellas imposibles de llevar a cabo dentro de
una democracia como la que actualmente disfrutamos los
españoles, si no se llevan a cabo a través de muestro
ordenamiento político basado en la Carta Magna aprobada por
la mayoría de los españoles.
Por otra parte, tenemos que reconocer las justas demandas
del “gremio de los indignados”, su enojo, ira y enfado
vehemente de quienes no disponen de dinero, empleo y, en
algunos casos, de justicia. Por la forma deficiente de los
servicios públicos, mal uso de los recursos estatales,
autonómicos y locales.
Es justo reconocer, por otro lado, el lógico enfado de los
“indignados”, por ejemplo, ante las pensiones
extraordinarias y otras excelencias o condiciones favorables
de que disponen los miembros del Congreso o Senado, el
estatus de los ex presidentes del gobierno o los de algunas
Comunidades Autónomas, el retiro “dorado” de algunos
ex-ministros como el de Magdalena Álvarez, la esposa de
Felipe González Carmen Romero, el de Jaime Mayor Oreja, Ana
Mato y Agustín Díaz de Mera, ex -Director General de la
Policía, en el Parlamento Europeo donde pueden
“euro-forrarse”, aparte de las condiciones ventajosas que
disfrutan para su jubilación. Y ni que decir tiene de las
retribuciones y otras prestaciones económicas que reciben
los banqueros o bancarios, que también los hay, y a los que
nosotros incluiríamos como exageradas las de algunos
deportistas de élite que en un solo año perciben unas
remuneraciones superiores a 12.500 salarios de jornaleros o
de 25.000 pensiones.
En Ceuta, también tendríamos que “indignarnos” y recomendar
al Consejero Francisco Márquez una revisión a la baja de los
salarios (incluidos plus de residencia y trienios) que
perciben los consejeros y que nos diga, de paso, por qué,
cuando se han congelado las pensiones y disminuido el sueldo
a los funcionarios, cuando altos cargos de la Administración
o sus empresas locales, disponen de salarios superiores al
millón de pesetas mensuales y cuando el Índice del Costo de
la vida sube para todos, aquí en Ceuta nos suben también
(incluidos jubilados) el recibo del suministro de agua, luz
, butano y, últimamente, para el ejercicio del 2011, sin
tener en cuenta el incremento de las hipotecas, mas del 12 %
el Impuesto de Bienes Inmuebles.
¿Tenemos razones para sumarnos los mas de 8.000 parados que
hay en Ceuta y los 7.000 y pico de pensionistas, por citar
solo los dos sectores mas importantes, al “gremio de los
indignados”?...
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