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El delegado de Ideas y Programas de la Secretaría de
Economía y Empleo del Partido Socialista de Ceuta, Manuel
Hernández, expuso ayer cuatro medidas que el Consejo de
Ministros aprobó el pasado viernes y que servirán para la
contención del gasto público y la ayuda a las pequeñas y
medianas empresas. Estos acuerdos afectarán “por supuesto”
de forma positiva a la ciudad de Ceuta.
El delegado de Ideas y Programas de la Secretaría de
Economía, Vivienda y Empleo del Partido Socialista, Manuel
Hernández expuso ayer en rueda de prensa un conjunto de
acuerdos adoptados el pasado viernes por el Consejo de
Ministros. El primero de ellos habla de “frenar la morosidad
de un modo eficaz”, algo que supondrá “un alivio tanto para
los proveedores como para las corporaciones locales”. En
concreto, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pagará
3.400 millones de euros para las pymes “que tengan deudas
pendientes con los Ayuntamientos” -en este asunto, está
incluida, “por supuesto”, la ciudad de Ceuta-. Esta medida
consiste en que los proveedores de las administraciones
públicas y “especialmente las pymes de menos de 250
trabajadores, puedan recibir de forma inmediata y directa el
pago de una parte muy importante de la deuda que con ellos
mantienen las entidades públicas”, explicó Hernández. “La
finalidad es el pago de las facturas pendientes al 31 de
abril de 2011 a empresas y autónomos”.
El segundo de ellos supone “la protección de los
hipotecados”, es decir, “una mayor defensa a las personas
que no pueden pagar sus hipotecas”. Además, se eliminará la
posibilidad de que “en determinados casos el acreedor
pudiera adjudicarse el bien incluso por debajo de dichos
límites”. Con esto se pretende “evitar” que la subasta del
bien pueda dar lugar a “situaciones abusivas y a un mal
abaratamiento del bien afectado”.
La tercera medida irá encaminada a “estimular la inversión
privada”. Se ha aprobado “un tratamiento fiscal ventajoso en
el Impuesto Sobre la Renta a las Personas Físicas para
aquellas plusvalías obtenidas por los inversores que se
impliquen en la creación e impulso de proyectos
empresariales”.
Por último, también se dio luz verde a una “medida de
contención del gasto público en el que se fija un tope
máximo al incremento anual del gasto de las entidades
locales que irá ligado al PIB”, concluyó Hernández.
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