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Estamos asistiendo durante los últimos días a una serie de
hechos, dentro de la política local, que están llamando
considerablemente la atención y que pueden suponer un antes
y un después en la gestión del dinero público. Uno de ellos,
probablemente de los más significativos, es el que hace
referencia a las deudas pendientes de pago por parte de las
empresas municipales a sus proveedores. La ley de Morosidad
vigente establece un periodo transitorio para que las
administraciones públicas reduzcan su límite de plazo para
el pago y que se extiende hasta 2013, de modo que para 2011
es de 50 días, para 2012 será de 45 días y desde el 1 de
enero de 2013 será de 30 días. El límite para el 2010 ha
sido de 55 días, límite que no se ha cumplido en muchos
casos para algunas de las empresas municipales. Si el
objetivo principal es la creación de empleo, ya que es la
principal preocupación de la ciudadanía, y precisamente son
las pequeñas y medianas empresas junto con los autónomos,
mayoritariamente, las que suministran bienes y prestan
servicios a los ayuntamientos, lo primero que hay que
considerar es mantener y consolidar estas unidades
económicas, pero para ello deben de ser correspondidas en el
pago, necesitan liquidez para poder mantenerse, una vez que
las condiciones de acceso al crédito bancario se han
endurecido enormemente en los últimos tiempos.
En este sentido, Rubalcaba anunció hace unos días que los
2.300 millones de euros adicionales que recibirán los
ayuntamientos en 2012, como consecuencia del techo de gasto
aprobado por el Gobierno, se destinen prioritariamente a
pagar a los proveedores, es decir, a las empresas, a las
pymes, a los autónomos, a esos agentes económicos que están
cobrando con retraso y que lo están pasando muy mal. Pero es
que además, la política de austeridad que se ha anunciado
desde todas las administraciones, no se puede convertir en
una política de recorte de los servicios sociales, que en
definitiva, oculta políticas regresivas. La austeridad debe
ser una condición pero que no debe primar sobre los
servicios básicos que los ayuntamientos no pueden dejar de
ofertar a la ciudadanía. Los ayuntamientos deben perseguir
el objetivo de la creación de empleo a través de programas
de emprendimiento, programas destinados a la formación de
capital humano y medidas tendentes a la dinamización en la
implantación del tejido productivo. Y, precisamente, las
fuerzas políticas que no gobiernan deben hacer una oposición
responsable y eficaz, tendiendo la mano a los que dirigen, y
ello, según palabras de Rubalcaba “no debe avergonzar”,
porque ante todo debe existir un compromiso y una
responsabilidad ante las preocupaciones de la ciudadanía.
La actitud del actual grupo parlamentario socialista en
Ceuta ha ido en la misma línea que la que apuntó Rubalcaba,
a la que hay que añadir los ingredientes de diálogo cercano
y de cooperación con el gobierno y con el otro grupo
parlamentario de la oposición, porque el objetivo final es
resolver el gran problema del pueblo ceutí, y en estos
momento, es el desempleo, por ello no se puede perder más
tiempo, y hay que llevar a cabo un gobierno y una oposición
eficaces.
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OPINIÓN
